La Justicia ordenó la prisión preventiva de un oficial y una suboficial de la Policía de Investigaciones (PDI), investigados por haber filtrado información confidencial vinculada a una causa por comercialización de estupefacientes al menudeo en la ciudad de Avellaneda.
La medida fue dispuesta este viernes por el juez Mauricio Martelossi durante una audiencia realizada en los tribunales de Reconquista, a pedido de los fiscales Franco Carbone, Diego Vigo y Sebastián Galleano, quienes sostuvieron que los imputados utilizaron información reservada para alertar a personas investigadas y obstaculizar el accionar judicial.
Según la acusación, los efectivos —identificados por sus iniciales AFS y EEO— habrían revelado detalles sobre una serie de allanamientos previstos para el viernes de la semana pasada en el marco de una investigación por microtráfico. De acuerdo con los fiscales, la filtración permitió que varios de los sospechosos tomaran recaudos anticipadamente, lo que derivó en resultados negativos en gran parte de los procedimientos.
Durante la audiencia, la Fiscalía argumentó que existía riesgo de entorpecimiento probatorio. En ese sentido, el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico, Franco Carbone, señaló que el magistrado consideró insuficientes las alternativas propuestas por las defensas y remarcó la gravedad institucional de los hechos atribuidos.
Además, indicó que la defensa de la suboficial solicitó que la medida cautelar se cumpliera bajo la modalidad de prisión domiciliaria debido a que es madre de una niña recién nacida. Sin embargo, el juez rechazó el planteo, aunque dispuso medidas específicas para resguardar los derechos de la mujer y de la menor.
La investigación sostiene que el oficial imputado habría informado a su compañera la fecha exacta en que se ejecutarían los allanamientos. Posteriormente, la suboficial habría advertido mediante mensajes de WhatsApp a uno de los residentes de los domicilios bajo sospecha, permitiéndole a él y a otras personas vinculadas prepararse para evitar consecuencias judiciales.
Según detalló el fiscal Sebastián Galleano, existen evidencias que muestran que, una vez descubierta la filtración, ambos agentes intercambiaron mensajes sobre la situación, eliminaron conversaciones y descartaron dispositivos móviles que podrían haber contenido información relevante para la causa.
La Fiscalía también sostiene que los acusados intentaron desviar las sospechas hacia otros integrantes de la fuerza. Para ello, habrían confeccionado imágenes digitales que simulaban capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre superiores o compañeros de trabajo y personas vinculadas a los inmuebles allanados.
A ambos efectivos se les atribuyen los delitos de encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el marco de la misma investigación, un hombre identificado por las iniciales EAP permanece detenido con prisión preventiva desde comienzos de esta semana. Los fiscales lo acusan de desarrollar una actividad organizada y reiterada de venta minorista de drogas en su vivienda durante al menos el último mes.
De acuerdo con la investigación, en el domicilio era frecuente la llegada de personas que permanecían breves períodos de tiempo para concretar intercambios de dinero por pequeñas cantidades de sustancias. Durante su detención se secuestraron marihuana, una balanza con rastros de marihuana y cocaína, un picador, ocho teléfonos celulares y dinero en efectivo.
El hombre está imputado como autor del delito de comercialización de estupefacientes, mientras la causa continúa avanzando bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico.
