La investigación por las presuntas estafas de la constructora de casas prefabricadas Moderno House, que operaba en la avenida Facundo Zuviría al 6600 de la ciudad de Santa Fe, sumó un nuevo capítulo judicial. Este viernes, la Justicia santafesina dispuso la prohibición de salida del país para Camila Dos Santos Rizzi, una de las principales imputadas en la causa.
La resolución fue firmada por el juez de Primera Instancia, Nicolás Falkenberg, quien ya notificó de manera oficial a la Dirección Nacional de Migraciones para bloquear cualquier intento de egreso de la Argentina por parte de la mujer, quien posee nacionalidad brasileña. En sintonía con esta restricción, el magistrado le ordenó a la acusada la entrega inmediata de su pasaporte. Esta misma directiva ya había sido aplicada previamente sobre Néstor Segovia, el otro imputado y encargado de la firma comercial, quien además es pareja de Dos Santos Rizzi.
Cautelares extendidas
A pesar de que ambos acusados se encuentran actualmente transitando el proceso en libertad, la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Jésica Bernard, junto con el abogado querellante, Ignacio Chigal, lograron que la Justicia extendiera en los últimos días las medidas cautelares que pesan tanto sobre los involucrados como sobre sus bienes materiales.
Ambos están formalmente imputados por el delito de estafas reiteradas. Según la hipótesis que sostienen los acusadores, la pareja encabezó una empresa presuntamente solvente y con capacidad operativa desde enero de 2021 hasta mayo de 2024, momento en que Segovia fue detenido. Durante ese período, habrían rubricado contratos millonarios con decenas de damnificados por un monto que, a valores de 2024, superaba los 27 millones de pesos. Para los investigadores, los imputados vendían y prometían la edificación de las viviendas “a sabiendas de que no podrían cumplirlos”.
De una causa archivada a la reapertura total
El escándalo de la firma comercial estalló con fuerza en el año 2024, cuando una ola de denuncias de clientes particulares inundó los tribunales santafesinos al ver que las obras contratadas nunca se concluían o directamente ni se iniciaban.
A pesar del volumen de afectados, la causa penal atravesó un severo freno inicial. El fiscal asignado originalmente al caso, Federico Grimberg, tomó la decisión de archivar el expediente tras considerar que no se trataba de una estafa penal en perjuicio de más de diez clientes, sino más bien de un “incumplimiento contractual” de índole civil. Esa postura de archivo fue respaldada y confirmada poco tiempo después por el fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier.
Sin embargo, el abogado querellante Ignacio Chigal apeló de manera firme ambas resoluciones. El reclamo escaló hasta la máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación, la fiscal general Cecilia Vranicich, quien finalmente revocó los dictámenes anteriores, ordenó desarchivar el caso y dispuso la reapertura total de la investigación penal que hoy mantiene a los responsables cercados por las fronteras nacionales.
