El conflicto por el financiamiento universitario suma un nuevo capítulo técnico tras la presentación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso el pasado 18 de febrero. Según un exhaustivo análisis elaborado por especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la iniciativa oficialista representa una fuerte reducción de recursos en comparación con la Ley N° 27.795 actualmente vigente.
El impacto del ajuste en las universidades
El informe revela que, entre 2024 y 2025, el sistema universitario sufrió un deterioro real del 28,9% en su financiamiento. Esta caída se explica principalmente por el retroceso de los salarios docentes y no docentes, que representan casi el 88% del presupuesto total del programa “Desarrollo de la Educación Superior”.
A pesar de que el Congreso ratificó la Ley de Financiamiento Universitario tras el veto presidencial, el Gobierno Nacional ha mantenido los fondos congelados, judicializando su aplicación. Ahora, con el nuevo proyecto, el Ejecutivo busca modificar los artículos clave que garantizaban la recomposición frente a la inflación.
Diferencias entre la ley vigente y el proyecto oficial
La principal controversia radica en la base de cálculo para la actualización presupuestaria. Mientras que la ley sancionada por el Congreso ordena recomponer las pérdidas de 2024 y 2025 según el IPC, la nueva propuesta oficial:
Omite la recomposición de 2024: Da por consolidada la pérdida presupuestaria de ese año.
Recorte en salarios: En lugar de la actualización íntegra por inflación desde diciembre de 2023, ofrece aumentos parciales en tres cuotas (marzo, julio y septiembre de 2026) del 4,1%.
Funcionamiento: Los fondos para gastos operativos de las facultades serían un 24,2% menores a los que estipula la ley vigente.
Salarios docentes por debajo de la inflación
El análisis de la UNL es contundente respecto a la situación salarial. Un docente titular con dedicación plena percibió en febrero de 2026 un salario de $1.456.090, lo que representa apenas el 64% de lo que debería cobrar si se cumpliera la ley actual ($2.264.297).
De aprobarse el proyecto del Gobierno, los salarios universitarios no solo no recuperarían lo perdido, sino que seguirían perdiendo frente a la inflación proyectada, alcanzando una caída real del 38% hacia agosto de 2026 en relación a diciembre de 2023.
Un ajuste de 2,3 billones de pesos
En términos globales, el informe técnico indica que el presupuesto para el desarrollo de la educación superior bajo la nueva normativa sufriría una reducción del 31,4% respecto a lo que exige la ley N° 27.795. Esto implica que las universidades nacionales dejarían de percibir aproximadamente 2,3 billones de pesos destinados originalmente a salarios y funcionamiento básico, hospitales universitarios, ciencia y extensión.
El debate regresará ahora a las cámaras legislativas, donde la comunidad universitaria de Santa Fe y el resto del país espera definiciones sobre el futuro de la educación pública.
