El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia viene escalando de forma inusitada; acusaciones cruzadas de Maximiliano Pullaro y sus ministros por un lado, y de los integrantes de la Corte Suprema y trabajadores judiciales, por otro.
En medio de este debate, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia se expresó a través de un comunicado y aseguran que se está poniendo el riesgo la independencia de los poderes del estado: "Sin independencia del Poder Judicial, no hay justicia", aseguran.
"Los representantes de distintas asociaciones del país quieren alertar a toda la comunidad argentina, y en especial a la de Santa Fe, la existencia de “una situación de gravedad institucional” que afecta el normal desenvolvimiento de los órganos republicanos de gobierno de esa provincia. Para decirlo claramente, está en riesgo la independencia del Poder Judicial santafesino.
En efecto, todo el sistema de la justicia provincial se encuentra bajo constantes presiones por parte del poder político, con declaraciones mediáticas de funcionarios que tergiversan los hechos existe una verdadera campaña para generar un contexto de desacreditación de la tarea judicial.
Este ataque a la independencia judicial, se viene evidenciando hace años, no solo en la forma de selección y estabilidad de los operadores judiciales; sino también en la falta de provisión de recursos para un desempeño eficaz y sobre todo con la aplicación de un régimen disciplinario bajo la órbita de la legislatura provincial, que aparece como amenazante para cualquier investigación en contra de los delitos de corrupción.
Recientemente, esta situación se viene profundizando, con denuncias maliciosas y sanciones exageradas a fiscales que tenían a cargo investigaciones que incomodaban al poder, se han rechazado o retirado injustificadamente casi todos los pliegos de jueces y fiscales que habían aprobado el concurso respectivo, se diseñó un nuevo modo de elección, donde no se prioriza el mérito sino la discrecionalidad política. Se ha generado una parálisis administrativa que afecta al sistema de justicia, se ha propiciado un ahogo presupuestario y, simultáneamente, se vienen produciendo declaraciones de funcionarios de tono agresivo hacia magistrados/as que dictan
pronunciamientos que no conforman los deseos del oficialismo.
En cuanto a la cobertura de vacantes, es preocupante que se llame a concursos para designar fiscales “provisorios”, que solo serán ratificados con una posterior “revisión de su comportamiento funcional”. En este sentido, representantes del gobierno, llegaron a exteriorizar públicamente que la estabilidad de esos magistrados depende que “se porten bien”, lo que pone en riesgo la imparcialidad de la gestión de los procesos, ante el temor de ser sustituidos.
En ese marco, muchos jueces y fiscales optaron por la jubilación masiva y otros empiezan a emigrar ante la incertidumbre sobre su estabilidad, lo que produce un vaciamiento de probos magistrados, que se enfrentaron al delito, poniendo en riesgo su integridad física y la de sus familias, y lograron que los líderes de las bandas de narcotraficantes sean condenados.
Los distintos estamentos que componemos el Poder Judicial tenemos una enorme responsabilidad hacia la ciudadanía. Somos plenamente conscientes de ello y tenemos un compromiso absoluto asumido desde lo personal y desde lo institucional en ese sentido. Hemos dado pruebas sobradas al respecto.
Por todo ello, exhortamos a una prudencia especial en el actuar de las autoridades políticas de la Provincia de Santa Fe, de modo tal de evitar cualquier riesgo para los principios republicanos, poniéndonos a disposición para que, de manera mancomunada, se estudien y coordinen acciones que redunden en el mejoramiento del servicio de justicia. No obstante ello, de persistir las presiones intolerables a la función judicial, se hace saber que se analizará que los reclamos de los afectados sean denunciados ante los organismos nacionales e internacionales pertinentes".
