Este jueves finalizó la audiencia de imputación a un preceptor de la Escuela Lourdes de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación por presunto abuso sexual. Tras el debate de las partes, la Justicia dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva para que el implicado transite el proceso legal.
“Finalizamos la audiencia de imputación en donde se le atribuyó a este preceptor el hecho de abuso sexual simple, agravado por ser el encargado de la educación”, confirmó la fiscal Vivian Galeano en diálogo con la prensa al concluir la jornada judicial.
Respecto a la situación procesal del imputado, Galeano explicó que, por el momento, las medidas alternativas son suficientes para neutralizar los riesgos procesales o cualquier tipo de entorpecimiento en la causa. Dentro de las restricciones establecidas, se dispuso la prohibición absoluta de acercarse al establecimiento escolar, como así también a la parroquia. Dicha restricción rige tanto para días hábiles como para jornadas en las que se desarrollen actos escolares o misas, garantizando que el acusado no tenga ningún tipo de contacto con los alumnos mientras finalice la investigación.
Las evidencias y la declaración de la víctima
Al ser consultada sobre los elementos que sustentan la acusación formal, la fiscalía detalló que se cuenta con el acta de procedimiento inicial, la denuncia de la madre de la menor y una posterior ampliación de su testimonio.
Asimismo, fue clave la intervención del servicio local de niñez para llevar a cabo una instancia de escucha especializada. “En ese espacio de escucha, la adolescente relató los hechos atribuidos”, precisó la funcionaria judicial, añadiendo que actualmente se profundiza en las entrevistas a los padres de otros menores que habrían estado presentes en el lugar para evaluar el comportamiento del acusado y planificar una futura Cámara Gesell.
Una denuncia previa bajo la lupa
Durante la conferencia, la fiscal Galeano confirmó que el imputado ya contaba con un antecedente bajo investigación por un hecho similar ocurrido en el año 2024. “Me entrevisté con la madre de la menor de la causa del año 2024 y probablemente se avance con una Cámara Gesell en la misma”, anticipó, señalando que se trata de una denuncia por un hecho “muy similar” al actual.
En caso de que las evidencias recolectadas ratifiquen la veracidad de ambos casos, esto generaría una nueva atribución imputativa por un hecho diferente. Esto no solo podría agravar una eventual pena bajo la figura de concurso real de los delitos, sino que además aporta al contexto de corroboración de los relatos y de las dinámicas que se denunciaron en el ámbito escolar.
Finalmente, ante los cuestionamientos sobre los tiempos administrativos de la escuela y el rápido retorno del implicado a las aulas antes de que saliera a la luz este nuevo episodio, Galeano aclaró que se trata de cuestiones reglamentarias internas que exceden al Poder Judicial. No obstante, remarcó que desde el momento en que la justicia fue anoticiada de la denuncia, se activaron todos los mecanismos necesarios para preservar la seguridad de los niños. La institución escolar aportó actas, filmaciones de las cámaras de seguridad y prestó colaboración en las declaraciones testimoniales del personal de la entidad.
