El proyecto de ley para fortalecer la Justicia Penal federal en la provincia frente al avance del narcotráfico y la inseguridad, problemática con epicentro en Rosario, ingresó hoy al Congreso. La iniciativa fue consensuada entre los 19 legisladores nacionales por Santa Fe.
El narcotráfico es un delito de competencia federal, pero la estructura del fuero en Rosario quedó desactualizada frente al accionar de las bandas narcocriminales que operan en la región.
El proyecto apunta a la creación de 27 cargos de distinto rango en todo el territorio santafesino con el fin de profundizar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal.
Sobre la labor del Ministerio Público, el proyecto impulsa cinco cargos de fiscal federal Penal en Rosario, dos en la ciudad de Santa Fe y uno en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto. También propone uno para la cercana San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.
Lo legisladores del Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio y el socialismo también fogonean tres cargos de defensor federal Penal en Rosario y uno en la capital provincial.
Además, propician un cargo de juez con funciones de Garantías para Rosario, en la ciudad de Santa Fe, en Rafaela, en Reconquista, en San Lorenzo y en Venado Tuerto.
Paralelamente, la iniciativa crea tres cargos de magistrado con funciones de Revisión en Rosario, con competencia en las jurisdicciones local y de San Lorenzo, San Nicolás y Venado Tuerto.
Asimismo, el proyecto promueve dos cargos de magistrados con funciones de juicio y ejecución, uno de ellos para Rosario (con competencia en San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás) y otro en la ciudad de Santa Fe (cubriendo también Rafaela y Reconquista).
Según la iniciativa, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General y la Defensoría General nacionales "tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad" a la implementación de la norma.
En tanto, las causas que se encuentren radicadas al momento de entrada en vigencia de la ley continuarán siendo tramitadas ante los órganos jurisdiccionales de origen hasta su efectiva conclusión.
Además, la ley entrará en vigencia una vez que se cuente con el crédito presupuestario para la atención del gasto que su finalidad demande.
A la hora de los fundamentos, los legisladores sostuvieron: "La calidad de la respuesta del sistema judicial tiene un efecto directo sobre la democracia y el desarrollo de los Estados".
"Si el pueblo no puede ver una relación intrínseca entre el Poder Judicial y el concepto de justicia, estamos frente a un gran problema", resaltaron.
Fuente: La Capital
