El Gobierno nacional se encuentra ante un escenario complejo tras el fallo judicial que ratifica la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Con un plazo inminente para acatar la medida, en la Casa Rosada ya analizan cómo afrontar un costo estimado en $2,5 billones y advierten que su cumplimiento podría afectar el equilibrio fiscal.
Aunque el Ejecutivo anticipó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dentro del oficialismo consideran poco probable que el máximo tribunal otorgue una suspensión que frene la aplicación de la norma. En ese contexto, fuentes gubernamentales reconocen que, de no mediar una resolución favorable, deberán comenzar a transferir fondos en el corto plazo.
La ley, sancionada el año pasado y ratificada en instancias judiciales, obliga al Estado a actualizar salarios docentes y no docentes, además de recomponer partidas clave como las becas estudiantiles. Desde el Ejecutivo señalan que actualmente no cuentan con los recursos necesarios para cumplir de inmediato con esa obligación.
Ante este panorama, el Gobierno evalúa implementar un esquema de pagos gradual para hacer frente al monto requerido. Sin embargo, advierten que el impacto fiscal será significativo. “Volvería el déficit”, deslizan desde sectores oficiales, en línea con la política de ajuste que impulsa la administración nacional.
El conflicto se enmarca en un prolongado reclamo del sistema universitario, que viene denunciando una fuerte caída en el financiamiento real en los últimos años. Según datos del sector, las transferencias a universidades nacionales acumulan una reducción considerable frente a la inflación, lo que afectó salarios y funcionamiento.
Mientras tanto, persisten diferencias sobre los aspectos técnicos del cumplimiento del fallo. Especialistas señalan que la apelación del Gobierno no tendría efecto suspensivo automático, por lo que la administración debería comenzar a ejecutar los pagos mientras se resuelve la instancia judicial.
En este contexto, crece la tensión entre el Ejecutivo y el sistema universitario, que reclama la inmediata aplicación de los fondos. A la par, el Gobierno busca alternativas financieras para afrontar la obligación sin desarticular su programa económico, en un escenario donde el margen fiscal aparece cada vez más ajustado.
