La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto de ley que prohíbe la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en todo el territorio provincial. La iniciativa recibió 25 votos afirmativos, 17 negativos y una abstención, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos y cuestionamientos al contenido del texto modificado por el oficialismo.
Si bien la propuesta avanzó en la Cámara baja, las modificaciones introducidas durante el debate obligarán a que el expediente regrese al Senado, que deberá analizar los cambios incorporados antes de que la norma pueda convertirse en ley.
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la incorporación de un artículo que crea dos cargos de jueces de primera instancia, uno con asiento en la ciudad de Santa Fe y otro en Rosario, para integrarse a los Colegios de Jueces Penales. El texto establece que será la Corte Suprema de Justicia provincial la encargada de determinar la forma en que estos magistrados se incorporarán al sistema.
La inclusión de ese artículo motivó críticas de sectores opositores. Desde el bloque Hacemos Santa Fe advirtieron sobre lo que calificaron como una “grave irregularidad institucional”, al considerar que una ley orientada a regular la actividad de cuidacoches y limpiavidrios no debería utilizarse para introducir modificaciones en la estructura del Poder Judicial.
Los legisladores de ese espacio sostuvieron que la creación de cargos judiciales requiere un debate específico y diferenciado, debido a su impacto sobre el funcionamiento de la Justicia provincial.
Durante la discusión también se expresaron cuestionamientos al espíritu general de la iniciativa. La diputada Natalia Armas Belavi, del bloque Vida y Familia, votó en contra y sostuvo que la norma no aborda las causas sociales y económicas que llevan a muchas personas a desempeñarse como cuidacoches o limpiavidrios.
La legisladora manifestó su solidaridad con quienes sufren situaciones de extorsión o cobros indebidos en la vía pública, pero consideró que el proyecto termina alcanzando también a personas que se encuentran en contextos de vulnerabilidad y carecen de alternativas laborales.
Según planteó, la problemática requiere políticas públicas orientadas a la generación de empleo y a la inclusión social, además de medidas de seguridad para combatir delitos y situaciones de violencia.
Por su parte, los sectores que impulsaron la iniciativa defendieron la necesidad de contar con herramientas legales para intervenir frente a conductas vinculadas a exigencias de pago, amenazas o presiones a conductores en espacios públicos, una situación que desde hace años genera reclamos en distintas ciudades de la provincia.
Tras la aprobación en Diputados y las modificaciones incorporadas al texto original, el proyecto volverá ahora al Senado santafesino, donde deberá definirse si se aceptan los cambios introducidos o si se abre una nueva instancia de discusión legislativa.
