La Corte Suprema ratificó la tarde de este martes el fallo de la Cámara Federal de Casación y que condena a la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilita de por vida a ejercer cargos públicos. En una decisión unánime, los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ratificaron la condena a la ex presidenta por el delito de “administración fraudulenta” en perjuicio de la administración pública en el marco de 51 licitaciones en la provincia de Santa Cruz, conocido como la causa Vialidad.
La Corte también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita.
La última semana la presiones mediáticas para que la Corte fallará fueron constantes. Hasta último momento, había distintas versiones periodísticas que indicaban que el fallo de la Corte, la última instancia judicial en el país que le queda a la ex presidenta, era inminente. Esta mañana los tres cortesanos se dieron cita en el habitual encuentro de acordada donde se presume que ultimaron detalles de la votación y más tarde, a las 16hs, el presidente de la Corte Horacio Rosatti citó a los otros dos, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para el paso final.
Dirigentes políticos y militantes apoyan a Cristina en la sede del PJ
Decenas de militantes y dirigentes se acercaron desde esta mañana a la sede del Partido Justicialista Nacional (PJ), en la calle Matheu 130, a brindar su apoyo a la ex presidenta que llegó al lugar cerca del mediodía. Con el paso de las horas fueron llegado el bloque de senadores de Unión por la Patria, varios diputados del bloque, y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El presidente del bloque del Senado, José Mayans, había asegurado a la prensa allí: “Cristina está muy tranquila, ella sabe en qué se ha convertido la política argentina”.
Los hechos juzgados
Los hechos juzgados en la causa Vialidad se refieren a la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015. La Justicia determinó que, en este marco, tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses de la administración pública nacional.
La empresa Austral Construcciones SA, principal beneficiaria de obra pública de Santa Cruz, dio inicio a sus actividades días antes de que fuera irregularmente adjudicataria de un gran caudal de contratos en el marco de licitaciones públicas en las cuales no hubo competencia alguna.
Siempre según lo que determinó la Justicia, a lo largo de la maniobra delictiva Austral Construcciones fue continuamente beneficiada con la asignación ilimitada de fondos públicos, pese a advertirse distintas irregularidades en cada licitación en que participaba y resultaba adjudicataria.
Durante las épocas de crisis (2008-2009), la empresa continuó recibiendo prioritariamente un flujo importante de fondos a pesar de los problemas de liquidez. Además, luego de las elecciones del año 2015 que determinaron el fin del gobierno de Cristina Kirchner, la empresa de Lázaro Báez intempestivamente decidió abandonar las obras en el marco del “Plan limpiar todo”.
La Justicia también comprobó que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas a Lázaro Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico se vio asociado con la asignación de obra pública vial en esa jurisdicción.
Aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), de acuerdo a facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa. Según la Justicia, los imputados, ex funcionarios de las agencias viales, operaron convalidando irregularidades en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras. También se responsabilizó a José López, quien se desempeñó como Secretario de Obras Públicas.
La participación de CFK
A partir de la investigación, se demostró un conjunto de actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de concretar la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades. En ese marco, se destacó la firma por parte de la entonces presidenta del Decreto PEN 54/09 -con la previa intervención de José López, quien desde la Secretaría de Obras Públicas sugirió la medida-, que permitió a la Dirección Nacional de Vialidad -a cargo de Nelson Periotti- financiar directamente las obras viales que se le adjudicaban irregularmente a Báez.
Puntualmente en el voto del juez Borinsky, al analizar la situación de CFK, se indicó que “transgredió los deberes extrapenales habilitando jurídicamente la obligación abusiva” del fideicomiso creado por el Decreto 976/2001 -tasa gasoil- y “perjudicando los intereses que le habían sido confiados” como representante del Estado Nacional.
En dicho sentido, mediante el Decreto PEN N° 54/2009 la ex presidenta modificó el fideicomiso creado por el Decreto PEN Nº 976/2001. Los cambios efectuados permitieron que no se especifiquen las obras que serían financiadas con los fondos fideicomitidos e incluyó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria directa del fideicomiso para la ejecución de obras de infraestructura vial.
Además, Cristina Kirchner facultó al Secretario López a hacer modificaciones al fideicomiso en cuestión, lo que permitió el uso de fondos discrecionalmente durante toda su gestión (que abarcó desde el año 2003 a 2015) que derivó en un perjuicio de al menos de 84 mil millones de pesos para la Administración Pública Nacional.
También en la sentencia se detalló cuáles fueron las advertencias que Cristina ignoró. Entre ellas, las alertas recibidas por los servicios jurídicos al momento de suscribir el Decreto 54/2009, las denuncias de cartelización de obra pública en Santa Cruz realizadas al momento de los hechos, los comprobados vínculos comerciales con Báez, así como los mensajes de WhatsApp encontrados en el teléfono celular de José López que daban cuenta de la connivencia en el tramo final de la maniobra para dotar de impunidad el hecho ilícito investigado.
Según la Justicia, en los mencionados mensajes se hallaron distintas conversaciones entre López con Lázaro Báez y Julio Mendoza -presidente de Austral Construcciones y mano derecha de Lázaro Báez. A la vez que surgen reuniones mantenidas entre López y Cristina Kirchner vinculadas a la intervención directa de la ex presidenta en la parte final de la maniobra -noviembre y diciembre de 2015, luego de la victoria en el ballotage de Mauricio Macri-. En la etapa final de su mandato, CFK coordinó con López y Báez el llamado “Plan limpiar todo”.
Esas pruebas demostradas en el caso permitieron rechazar los planteos de las defensas por los cuales intentaron echar culpas en los Jefes de Gabinete, a pesar de ser el Presidente de la Nación la máxima autoridad del país, quien intervino directamente en la maniobra defraudatoria enjuiciada, condenada y confirmada.
La del caso Vialidad es la primera condena de cumplimiento efectivo contra la ex presidenta. Otras investigaciones de trascendencia, como los juicios conocidos como “Los cuadernos de las coimas”, “Hotesur”, “Los Sauces” o “Memorandum con Irán”, deben aún deben atravesar el largo proceso del juicio oral y público que definirá si se suma otra condena a este complicado escenario judicial y político.
