El tejido social en los barrios populares de la ciudad de Santa Fe continúa mostrando signos de un alarmante deterioro. En Pasaje Falucho al 4700, en pleno corazón de barrio Santa Rosa de Lima, un comedor y copa de leche coordinado por los movimientos populares se convirtió en el termómetro de una crisis que no da tregua.
“Acá se asiste dos veces con copa de leche en la semana y un día como comedor”, detalló Carolina Garrido, integrante del movimiento popular Nuestra América, respecto a la dinámica del espacio. Los martes y jueves los niños asisten presencialmente a tomar la merienda, la cual se les sirve de manera individual. En cambio, los viernes —día destinado a la cena— la modalidad cambia por completo: “Ellos traen su tupper y se llevan la comida para cenar en sus casas”. Actualmente, el lugar brinda asistencia directa a 150 niños y niñas de la barriada.
Al ser consultada sobre el financiamiento para sostener las raciones en un contexto de alta inflación, Garrido explicó que los recursos provienen de la Ordenanza de Emergencia Alimentaria aprobada por el Concejo Municipal en 2024. “Mediante eso se asiste a todos los comedores”, precisó.
Nuevos perfiles de la crisis: jubilados y municipales en la fila del comedor
Uno de los datos más crudos que arrojó la entrevista es el cambio en el perfil de las personas que hoy necesitan asistencia alimentaria para subsistir. El incremento de la demanda ya no solo afecta a los sectores históricamente postergados o desocupados, sino que alcanzó a la clase trabajadora formal.
“El aumento de la demanda es de un 40%, hasta la ministra lo reconoce”, graficó la referente barrial, remarcando que el salto se dio de manera drástica durante el transcurso del último año. “Como siempre lo decimos, no solamente asisten las personas desocupadas de los barrios populares, sino que ahora empezaron a asistir jubilados, empleados municipales, trabajadores de metalúrgicas y de la construcción que no llegan con sus sueldos”, alertó Garrido, evidenciando el fenómeno de los “trabajadores pobres” en la capital provincial.
Para hacer frente a esta marea de necesidad, el comedor cuenta con una estructura de ocho mujeres cocineras y un hombre mayor que colabora diariamente de forma voluntaria. Sin embargo, la dotación de trabajadoras debe incrementarse constantemente a la par de la llegada de nuevos comensales.
El pedido por una Ley de Reconocimiento Laboral y Salarial
Frente a este escenario, desde las organizaciones sociales —con el impulso de la Corriente Clasista y Combativa (CCC)— plantearon la necesidad urgente de avanzar hacia una solución de fondo que dignifique a quienes sostienen las ollas populares en toda la provincia.
Jorgelina Gómez (CCC) detalló los alcances del proyecto de ley de reconocimiento laboral y salarial para las cocineras comunitarias. “Esto lo viene desatando el gobierno de Milei principalmente, sacando los alimentos, por eso fuimos primero con la emergencia alimentaria. Ahora vemos otra necesidad: que las compañeras realmente necesitan un salario”, fundamentó.
La iniciativa legislativa contempla tres ejes fundamentales:
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Creación de un Registro Provincial: Para censar de manera fehaciente cuántas cocineras y cuántos comedores comunitarios existen efectivamente en el territorio santafesino.
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Reconocimiento salarial: Otorgar una remuneración formal por el trabajo diario que realizan, el cual actualmente ejecutan de manera ad-honorem.
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Financiamiento a través de sectores concentrados: Gómez aseguró que “plata hay” en la provincia y detalló que el proyecto especifica de dónde obtener los fondos para pagar dichos salarios. Proponen la creación de un aporte adicional para los grandes terratenientes del campo, un impuesto a los propietarios de suelos urbanos ociosos (especulación inmobiliaria) y gravámenes a las empresas agroexportadoras de la región que registran “ganancias históricas y extraordinarias”.
“Falta una decisión política”, fustigó Gómez, quien recordó que las cocineras hoy trabajan a pulmón y por pura solidaridad, pero “con eso no pueden ni siquiera bancar la propia olla de sus casas”. Las trabajadoras comunitarias suelen perder días de sus trabajos informales (“changas”) para garantizar el funcionamiento del comedor. “Si no están las cocineras, estalla la paz social del barrio”, concluyó con firmeza.
