El acceso a teléfonos celulares entre niños y niñas argentinos comienza cada vez a edades más tempranas. Así lo revela un nuevo informe de Argentinos por la Educación, que indica que seis de cada diez estudiantes de tercer grado del nivel primario —alrededor de los ocho años de edad— ya cuentan con un dispositivo propio. El trabajo también analiza la evidencia científica sobre las restricciones al uso de celulares en las escuelas y advierte que, si bien disminuyen las distracciones, no existe consenso sobre un impacto directo en la mejora de los aprendizajes.
El estudio, elaborado por Andrea Goldin (CONICET y Universidad Torcuato Di Tella), junto a Martín Nistal y Tomás Besada, sostiene que el debate sobre la regulación del uso de celulares en el ámbito escolar cobra cada vez mayor relevancia debido a la masificación de estos dispositivos y a su influencia sobre la atención, la convivencia y los procesos de enseñanza.
Alto acceso desde la primaria
Los datos surgen del operativo Aprender 2024. A nivel nacional, el 59% de los alumnos de tercer grado afirmó tener un celular propio, mientras que otro 23% señaló que utiliza el teléfono de algún familiar. Solo el 18% manifestó no tener acceso a un dispositivo móvil.
El informe también muestra diferencias entre provincias. Mientras Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego presentan los porcentajes más altos de tenencia, con valores superiores al 65%, en Misiones y Formosa el acceso ronda el 40%.
En el nivel secundario, la presencia de celulares es prácticamente generalizada: el 90% de los estudiantes posee un teléfono propio.
La evidencia no es concluyente
Los especialistas remarcan que las investigaciones realizadas en distintos países arrojan resultados mixtos sobre la prohibición de celulares en las escuelas.
Por un lado, diversos estudios concluyen que restringir su uso disminuye significativamente las distracciones durante las clases y favorece un mejor clima de trabajo dentro del aula. Sin embargo, cuando se analiza el impacto sobre el rendimiento académico, los resultados no son uniformes.
Algunas investigaciones detectaron mejoras, especialmente entre estudiantes con bajo desempeño escolar, mientras que otras no encontraron diferencias significativas en los aprendizajes luego de implementar prohibiciones.
Además, el informe señala que las restricciones pueden generar efectos contrapuestos en otros aspectos, como el bienestar de los alumnos, la convivencia escolar o la percepción de autonomía, por lo que los especialistas consideran que las prohibiciones, por sí solas, no alcanzan para mejorar la calidad educativa.
Santa Fe, entre las provincias que regulan el uso
En Argentina no existe una normativa nacional que establezca reglas para el uso de celulares en las escuelas. Actualmente, solo 11 jurisdicciones cuentan con algún tipo de regulación, lo que representa el 45% del total de las provincias.
Santa Fe integra ese grupo y dispone de una legislación específica que establece criterios diferenciados según el nivel educativo.
La Ley Provincial Nº 12.686 prohíbe el uso de teléfonos celulares y dispositivos similares en las instituciones educativas durante el horario escolar. En el nivel inicial y primario la restricción es total, incluso durante los recreos, mientras que en el nivel secundario los teléfonos únicamente pueden utilizarse cuando forman parte de una actividad pedagógica planificada y autorizada por las autoridades escolares.
El informe ubica a Santa Fe junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Formosa entre las jurisdicciones que adoptaron restricciones más amplias para los niveles inicial y primario, permitiendo un uso controlado únicamente con fines educativos en la escuela secundaria.
Un desafío que va más allá de la prohibición
Los autores sostienen que el crecimiento del acceso a dispositivos móviles plantea un desafío que excede la discusión sobre prohibir o permitir los celulares en clase.
Según los datos de Aprender 2024, el 62% de los directivos y el 52% de los docentes de primaria consideran necesario recibir mayor capacitación para integrar las tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas de enseñanza.
Por ello, el informe concluye que el desafío consiste en combinar regulaciones claras con estrategias pedagógicas que promuevan un uso responsable de la tecnología. También advierte que la formación digital de niños y adolescentes no depende únicamente de la escuela, sino que requiere el acompañamiento de las familias para construir hábitos saludables frente al uso de los dispositivos móviles.
