La historia de Mónica Páez condensa una de las aristas menos visibilizadas del terrorismo de Estado: el abandono de niñas y niños tras el secuestro de sus padres. Ese aspecto será eje central de la causa Laguna Paiva II, un juicio que marcará un precedente en la región al juzgar por primera vez este delito como crimen de lesa humanidad.
El 15 de febrero de 1980, en la localidad bonaerense de Lima, la vida de Mónica cambió de forma abrupta. Tenía 12 años cuando presenció cómo una patota policial se llevaba a su madre embarazada y a su hermano mayor. Poco después, su padre también fue detenido. En cuestión de horas, ella y sus hermanos quedaron solos.
Durante semanas, la supervivencia fue una tarea cotidiana. Mónica, junto a sus hermanos menores, debió trabajar en un horno de ladrillos para poder alimentarse. El más pequeño, aún lactante, lloraba de hambre. La ayuda de allegados fue breve y, tras un intento fallido de contención, los niños volvieron a quedar a la deriva.
Tiempo después, personal que se identificó como perteneciente a la Cruz Roja los trasladó, pero lejos de reunirlos, los separaron. Recién dos meses más tarde lograron reencontrarse con su madre. El regreso, sin embargo, estuvo lejos de significar el fin del sufrimiento: la familia había perdido su hogar y debió iniciar una nueva vida en condiciones de extrema precariedad.
Como este, hubo numerosos casos. Según registros y testimonios, muchos hijos de militantes perseguidos quedaron solos tras operativos represivos, o bajo el cuidado improvisado de hermanos mayores. En otros, las infancias fueron directamente consideradas “botín de guerra”, en el marco de una política sistemática de persecución.
A pesar de estos antecedentes, el abandono de menores no había sido hasta ahora objeto de juzgamiento específico en causas de lesa humanidad en la región. La causa Laguna Paiva II buscará saldar esa deuda, investigando situaciones que afectaron a más de una decena de niños y niñas vinculados a familias perseguidas por su militancia política.
El proceso judicial también incluirá otros delitos como privación ilegal de la libertad y tormentos, ampliando la responsabilidad sobre actores que no habían sido juzgados previamente. La investigación surge como desprendimiento de un juicio anterior y se apoya en nuevos testimonios que permitieron reconstruir el impacto de la represión sobre grupos familiares enteros.
Organismos de derechos humanos destacan la relevancia de este avance judicial, al considerar que permite visibilizar una dimensión del terrorismo de Estado que durante años permaneció en segundo plano. La expectativa está puesta en que el juicio no solo determine responsabilidades, sino que también contribuya a reparar, en parte, las consecuencias que aún persisten.
Décadas después, quienes atravesaron esas experiencias continúan reclamando justicia. Las secuelas físicas y emocionales siguen presentes, al igual que la memoria de aquellos años marcados por la violencia, la pérdida y el desamparo.
