De acuerdo con la investigación, las imputadas se habrían apropiado de cientos de miles de dólares, aunque los peritajes no lograron determinar el destino de esos fondos. La fiscalía sostiene que la empresa continuó vendiendo paquetes turísticos incluso cuando ya no podía cumplir con los servicios ofrecidos.
El caso, que salió a la luz a comienzos de 2017, generó un fuerte impacto social. Muchas víctimas se enteraron de la situación con sus viajes ya programados o incluso con las valijas listas, mientras que otras enfrentaron problemas en destino por falta de reservas o pasajes de regreso.
El Ministerio Público de la Acusación adelantó que solicitará penas de entre 7 y 9 años de prisión para las imputadas. Con la nueva postergación, el inicio del juicio se traslada al 20 de abril, en una causa que, a casi nueve años del escándalo, sigue sin llegar a su etapa de debate oral.
