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La justicia argentina pide sumar a la causa la información del Mossad sobre el ataque a la AMIA y a la embajada de Israel

Tanto el juez Daniel Rafecas como el fiscal Sebastián Basso dijeron a Infobae que desconocen los datos publicados en The New York Times sobre una investigación del servicio de inteligencia de Israel.

22 de julio de 2022


El fiscal federal Sebastián Basso, que tiene delegada la investigación de la AMIA, sostuvo que la información que publicó el diario The New York Times sobre datos del Mossad en torno a los atentados ocurridos en la Argentina no figuran en la causa. “No tenemos oficialmente ningún documento de los que se citan”, sostuvo ante Infobae el fiscal Basso. El juez Daniel Rafecas, a cargo del caso, también se enteró del tema por la difusión de esa nota. “Haremos todo lo posible para que cuanto antes esa información pueda estar en el expediente a disposición de la UFI-AMIA y de las querellas”, dijo el juez a Infobae.

Ante la consulta de este medio sobre la publicación de NYT, el funcionario que está al frente de la UFI AMIA, que comandó Alberto Nisman, afirmó esta tarde que al no haber información oficial en el expediente no puede pronunciarse sobre el contenido de la publicación. Pero advirtió que “si el Estado de Israel cuenta con datos o pruebas que ayuden a esclarecer el atentado, que las aporte” a los tribunales argentinos.

Por su parte, Rafecas, que está interinamente a cargo del juzgado federal 6 que comandó hasta 2020 Rodolfo Canicoba Corral, también se mostró interesado en poder obtener la información que sea útil para avanzar con el esclarecimiento y agilizar las diligencias para hacerse con esos datos.

El diario NYT aseguró, en base a informes del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, que Hezbollah aprobó y financió los atentados y suministró el entrenamiento y el equipo, y que no hubo funcionarios o integrantes argentinos ayudando con la concreción del ataque. Aquí, en los tribunales, hubo un juicio contra la llamada conexión local que terminó en absoluciones y un segundo proceso, por segunda vez, al reducidor de autos Carlos Telelldín, que determinó que no sabía que la Trafic que pasó por sus manos iba a usarse como coche bomba.

Según el diario estadounidense, los explosivos se introdujeron de contrabando en la Argentina en botellas de champú y cajas de chocolate. Todo se realizó a través de vuelos comerciales.

Tal como publicó Infobae el pasado domingo, en vísperas del aniversario número 28 del ataque a la mutual judía, la investigación para esclarecer el ataque está centrada en la célula del Hezbollah que operó en la Triple Frontera. El foco está puesto en el libanés Samuel Salman El Reda o Salman Raouf Salman, señalado como el organizador de la logística en el terreno del atentado contra la AMIA que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas.

El Reda era un miembro activo del Hezbollah que vivía en la Triple Frontera y estuvo en Buenos Aires en julio de 1994 cuando ocurrió el atentado. A él se le adjudica haber transmitido información indispensable para la concreción del ataque. Se cree que fue un nexo de los agentes internacionales que actuaron en territorio argentino. Para el equipo de la UFI AMIA está claro que estuvo en la Argentina, que consiguió la ciudadanía paraguaya y que buscó obtener la brasileña. Pero como siempre: encontrar esos datos 28 años después y después de una investigación que se vio sembrada de irregularidades no es fácil. Depende del aporte que puedan hacer otros países como Brasil, Paraguay o Paraná.

La Justicia argentina sostiene que los funcionarios iraníes considerados responsables de decidir, planificar y ejecutar el ataque fueron: Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani (a la época de los hechos presidente de la República Islámica de Irán), Alí Fallahijan (por entonces Ministro de Información iraní), Alí Akbar Velayati (en aquel tiempo Ministro de Relaciones Exteriores de la nación persa), Mohsen Rezai (por entonces a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria “Pasdaran”), Ahmad Vahidi (en aquella época a cargo de la fuerza de elite “Al Quds” perteneciente a la Guardia Revolucionaria), Mohsen Rabbani (al tiempo de los hechos Consejero Cultural de la Embajada iraní en nuestro país), Ahmad Reza Asghari o Mohsen Randjbaran (en aquel entonces Tercer Secretario de la representación diplomática iraní en Argentina), y Hadi Soleimanpour (en aquella época Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires).

A esa lista se sumó Imad Fayez Moughnieh, por entonces a cargo del Servicio Exterior de la agrupación terrorista libanesa Hezbollah. Estaba acusado de dirigir el grupo que atacó la sede de la mutual judía en Buenos Aires. Según se pudo establecer ya falleció al igual el ex presidente Rafsanjani y por lo tanto se ordenó sus respectivos sobreseimientos.

En tanto, la investigación por el atentado conta la mutual judía está en manos de la Corte Suprema. La única certeza que tiene la Justicia sobre el atentado que voló hace 30 años la Embajada de Israel en Buenos Aires es que detrás de aquella bomba estuvo el grupo terrorista denominado Jihad Islámica, brazo armado del Hezbollah. Dos órdenes de captura ordenadas en 2015 por la Corte Suprema de Justicia contra el libanés Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman y Salman El Reda y una serie de exhortos al exterior se convirtieron en los últimos movimientos que registra la causa en la que nunca hubo detenidos y que, con el paso del tiempo, parece cada vez más difícil poder avanzar.

A las 14.47 del 17 de marzo de 1992, voló el edificio de la calle Arroyo 916 donde funcionaba la sede de la Embajada de Israel. La Policía habló inicialmente de 29 muertos, pero en la causa solo pudieron confirmarse 22 fallecidos: nueve empleados y funcionarios de la Embajada, tres albañiles y dos plomeros, un taxista y tres peatones, un sacerdote de una iglesia vecina y tres ancianos que se alojaban en una residencia a pocos metros. Sus nombres quedaron retratados en una placa en la plaza seca que se levantó en el lugar del ataque.

Fue un cargamento de pentrita y trinitrotolueno -acondicionada en la parte de atrás de una camioneta Ford F 100- lo que detonó en el edificio, según estableció la Corte Suprema a fines de 1999. La camioneta había estado detenida en el estacionamiento que la firma Dakota SA regenteaba en Cerrito entre Juncal y Arroyo. Sobre la hora de la explosión, el vehículo circuló por Arroyo y al llegar a la embajada, se subió a la vereda y explotó. “Era un escena de guerra”, contaron más de una vez los rescatista que llegaron hasta la zona y no entendían que había pasado. La Argentina había entrado al escenario del terrorismo mundial y dos años después, en un ataque con una metodología casi calcada, otra bomba terminaría con la sede de la AMIA y la vida de 85 personas.

Fuente: Infobae