Nadie engorda realmente solo por comer palomas. Hoy, Leonardo Cositorto, el jefe de Generación Zoe y prófugo en algún lugar de Colombia o Centroamérica con vista al océano, enfrenta el fuego judicial en dos frentes. El primero es el expediente instruido por la fiscal Juliana Companys en Villa María, provincia de Córdoba, por el cual es buscado por asociación y ilícita y estafa, por hechos cometidos en esa ciudad. El otro apunta a un espectro mucho mayor.
El Juzgado Federal N°4 a cargo de Ariel Lijo investiga a Cositorto y al conglomerado Zoe por un posible lavado de dinero millonario. La sospecha tiene razones evidentes. Para empezar, está el propio derroche exhibicionista de Cositorto a lo largo de sus meses de reclutamiento intensivo para su esquema, con vuelos en aviones privados. Luego, la propia lógica de cualquier esquema Ponzi a gran escala, que no sirve solo para defraudar ahorristas.
Un hombre clave en la causa razona: “Si engañaste a X cantidad de personas por X cantidad de dinero y mostrás mucho más, es porque algo de plata negra entró”.
El líder y su socio “Max” Batista, hoy preso en Córdoba tras volar desde Europa para entregarse, habían comenzado con un discurso de coaching ontológico y un reclutamiento en grupos de Telegram para finalmente montar una iglesia evangélica en Haedo, un fideicomiso y una serie de siete firmas y sociedades anónimas como Zoe Burger. Su objetivo: tomar dinero en efectivo y en criptomonedas con las promesas de generar ingresos mágicos. Muchas de esas firmas eran una cáscara. Zoe Burger, con un local en Olivos, “ni siquiera tenía una cuenta bancaria”, confirmó a Infobae el contador e imputado en la causa cordobesa Norman Próspero.
El movimiento es obvio también. “Estructura cosmética”, dice un documento de la causa, crear una ilusión de solvencia para atraer ahorristas.
El propio crecimiento de Cositorto en sus números también le huele mal a la Justicia. Ya arrastraba pedidos de quiebra y de cobro ejecutivo, con una quiebra efectivamente decretada por la Justicia comercial. “En octubre de 2020 canceló deudas que mantenía con tres entidades financieras distintas, por un monto total de 49 mil pesos, que lo habían colocado en situación “5″ por deudas irrecuperables”, dice un documento de la Justicia federal. En ese mismo período, lograba créditos de un conocido banco por casi 1,6 millones.
Así, en las últimas semanas, por orden de Lijo, el Departamento Investigación Antimafia de la PFA -que depende de la Superintendencia de Delitos Federales- encabezó diez allanamientos y chequeos de domicilios detrás del rastro de Zoe. Se incautaron libros contables en un estudio jurídico vinculados al contador Próspero: el domicilio del estudio fue usado para registrar sociedades del conglormerado.
Varios domicilios que se usaron para conformar firmas “no tenían nada que ver, no eran oficinas de nada”, afirman fuentes de la causa. Zoe Emporwerment tiene su domicilio en un local de estética de Belgrano que antes alquilaba Cositorto pero dejó. Zoe Capital y Axion Capital están registradas en un kiosko de la calle Lavalle. Zoe Burger, ya desmontado hace semanas, fue allanado. En su playón de estacionamiento encontraron ocho autos de mediana gama que quedaron abandonados en la fuga del grupo. “Tal vez querían poner una agencia de usados”, supone un investigador. La inspección detectó también una oficina en Nordelta. Otras, como la de Puerto Madero, donde se veían autos, quedaron desiertas, abandonadas. En Zoe Burger, por lo menos, dejaron los muebles.
Varias entidades financieras entregaron información, al menos una decena de bancos. Ualá, por ejemplo, informó a la Justicia federal que cerró la cuenta de Cositorto en enero de 2021. La IGJ ratificó que el Fideicomiso Zoe Latam -que diversos ahorristas describieron como un instrumento de captación para mantener cautivos a sus dólares- fue inscripta el 4 de octubre a casi un mes de ser presentada.
El planeta Zoe siente el temblor. Héctor Yrimia, el ex juez y fiscal federal hoy prófugo por la causa de Córdoba, sospechado de ser el director legal de Generación Zoe, presentó un abogado y un pedido de eximición de prisión en la causa del juez Lijo, aunque ni siquiera le había pedido la captura. Eduardo Llaser -el autodenominado consultor en seguridad y socio de Yrimia, cuyos íntimos lo retratan como un simple ahorrista estafado- también presentó un defensor en los tribunales federales. Todos esperan. Yrimia dejó la Argentina a fines de 2021.
La PROCELAC, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de lavado con los fiscales Laura Roteta y Mario Villar, había iniciado por su cuenta una investigación preliminar. También recibió una denuncia de la Asociación Civil Decodes, con información estructurada, proveniente de fuertes abiertas, presentada el 13 de enero, que también fue integrada a la causa.
En paralelo, personal de PROCELAC investigó los movimientos de Generación Zoe en la blockchain para detectar su traza de criptomonedas. Esos datos fueron volcados en un reporte oficial al que accedió Infobae y es parte de la causa de Lijo. Exploraron, por ejemplo, su dirección para recibir USDT, criptomoneda atada al valor dólar. En dicha dirección “se celebraron 1.186 transacciones, se recibió un total de 7.303.662,440257 USDT –equivalentes aproximadamente a U$S 7.300.000–, y se envió un total de 7.303.162,4402 USDT a diversas direcciones. La dirección registra operaciones a partir del 1/9/2021 y hasta el 18/1/2022, y se registró un pico de operaciones en el periodo comprendido entre el 15/11/21 y el 30/11/21″.
La billetera quedó vacía, con un balance de 0,000057 USDT. Literalmente, no dejaron ni para un caramelo. Otra dirección con la criptomoneda TRON también quedó vacía, con movimientos por dos mil dólares.
Hubo movimientos en Bitcoin, otro vacío veloz. “Se registraron 476 transacciones, se recibió un total de 49,95103976 BTC –equivalentes aproximadamente a U$S 1.840.000– y se envió ese mismo monto a diversas direcciones, lo que dejó a la dirección con un balance de 0 BTC (cero)”.
Así, el 3 de febrero, Roteta y Villar enviaron a Comodoro Py su investigación preliminar, bajo la sospecha de que “Generación Zoe y todas sus denominaciones o emprendimientos vinculados constituyen un grupo ideado y dirigido principalmente por Leonardo Cositorto que, utilizando un discurso ambiguo e impreciso, busca captar individuos para que depositen sus ahorros a cambio de cursos supuestamente educativos, viajes a conferencias y títulos no certificados por entidades oficiales, prometiendo rendimientos financieros que son disfrazados de ‘ayudas educativas’, ocultando así su verdadera actividad, que es la de captar ahorros y pagar retornos con la entrada de nuevos integrantes a la organización, lo que sería a las claras un esquema de negocios del tipo piramidal o ‘multinivel’”.
Mientras tanto, el número preciso de cuánta plata entró a Zoe se vuelve el dato más elusivo de toda la causa. Próspero aseguró que registró acreditaciones por 479 millones de pesos y 800 mil dólares entre las firmas Generación Zoe y Zoe Empowerment entre junio y noviembre de 2021, pero varias víctimas confiaron a Infobae que entregaron dólares en efectivo y terminaron en el fideicomiso.
La jugada de brillar y mentir no es nueva, si las acusaciones son finalmente ciertas. Lo mismo hizo Hope Funds, el conglomerado conducido por Enrique Blaksley, hoy enjuiciado por supuestamente encabezar la mayor estafa de la historia argentina reciente -1500 millones de pesos a valor 2017- con sus exhibiciones públicas que incluían megafiguras como Roger Federer, o el patrocinio a La Dolfina, el equipo campeón del polista Adolfo Cambiaso. Hope Funds también fue elevada a juicio por lavado de dinero.
La sospecha de lavado no es nueva tampoco. En 2014, Hope Funds fue acusada de procesar dinero de grandes inversores que no podían justificar sus ingresos, en una causa que recayó en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado. Un informe entregado por la AFIP reveló que de 521 clientes que tiene la empresa Hope Funds, apenas tres tenían la capacidad económica suficiente para hacer una inversión y la dejaron asentada en sus declaraciones de impuestos.
Fuente: Infobae
