La tensión entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino escala un nuevo peldaño en los tribunales. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó formalmente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —ex AFIP— como parte querellante en la investigación penal que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Esta decisión judicial, tomada el pasado viernes tras la habilitación de la feria judicial de enero, otorga a los abogados del Estado facultades plenas para acceder al expediente, solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones, transformándose en un acusador directo contra la administración de Claudio “Chiqui” Tapia.
La maniobra denunciada
El expediente se originó tras una denuncia de ARCA el 12 de diciembre, donde se alertó sobre un perjuicio fiscal de $19.353.546.843,85. Según la acusación, la Casa Madre del fútbol actuó como agente de retención pero no depositó los fondos correspondientes.
El desglose de la deuda, que abarca el período de marzo de 2024 a septiembre de 2025, incluye:
Más de $8.000 millones en retenciones del Impuesto a las Ganancias no ingresadas.
Más de $8.600 millones correspondientes a Aportes a la Seguridad Social descontados a los empleados de los clubes.
Irregularidades en el ingreso del IVA.
Para el fisco, no se trata de una simple mora o deuda tributaria, sino de una “indebida apropiación de caudales públicos”. El argumento central es que la AFA tenía el dinero (ya que se lo retuvo a los clubes) y optó deliberadamente por no girarlo al Tesoro.
Investigación en tiempo récord
Dada la gravedad institucional y el riesgo de pérdida de pruebas, el juez Amarante decidió levantar el receso de verano para acelerar el proceso. El fiscal Claudio Navas Rial ya ha imputado a la cúpula de la AFA por evasión agravada.
Actualmente, la Justicia busca reconstruir la “ruta del dinero”. Se han librado oficios al Banco Central (BCRA) y a otras entidades financieras para cotejar fechas y movimientos. La hipótesis de los investigadores es determinar si la AFA utilizó esos fondos retenidos para realizar bicicletas financieras y obtener rendimientos propios mientras postergaba sus obligaciones con el Estado.
Mientras la defensa de la AFA, liderada por Norberto Frontini, se ha presentado en el expediente sin emitir descargos de fondo por el momento, la causa avanza con celeridad impulsada ahora por la querella estatal.
