La jueza de Nueva York Loretta Preska ordenó hoy dos procesos de investigación o "discovery", de "expertos" pedido por la Argentina y otro de "hechos" solicitado por el fondo Burford Capital, en el marco del juicio que los enfrenta por la expropiación de la petrolera YPF en 2012.
Así, el litigio tuvo un avance para determinar si corresponde que el país pague un resarcimiento multimillonario.
Ambos pedidos de "discovery", como se le dice al procedimiento que obliga a la Justicia de Estados Unidos a investigar un hecho puntual, habían sido realizados por los demandantes, Burford Capital, y por la defensa, la Argentina e YPF.
Mientras los estudios de abogados que representan al país y a la petrolera pidieron que la investigación se centre en los aspectos contractuales del prospecto y del estatuto de YPF, Burford, el fondo que adquirió el derecho a litigar en contra, pidió investigar los daños económicos en los que incurrieron las empresas Petersen, que tenían el 25% de las acciones de la petrolera en el momento de la expropiación a Repsol.
La Argentina solicitó el 3 de julio último la aplicación de la cláusula "discovery" en la causa iniciada por ese fondo en Nueva York, buscando sumar argumentos para que se traslade a Buenos Aires.
Preska, del segundo distrito de Nueva York, dispuso que ese procedimiento se inicie de inmediato y concluya en marzo, mientras el inicio del juicio está previsto para junio del 2021.
La Argentina presentó a comienzos del mes cuatro escritos (dos del Gobierno y dos por la petrolera), donde insistió en que la causa no debe tratarse en Estados Unidos.
Entre sus argumentos, dijo que los ex ministros Julio de Vido y Axel Kicillof, en funciones cuando se dispuso la expropiación y testigos en la causa, no podrían asistir al juicio.
De Vido está imposibilitado de salir del país por estar con prisión preventiva, mientras que el ahora gobernador cumple su mandato en una emergencia sanitaria.
Las presentaciones argumentan también que sin que los ex funcionarios responsables de la operación declaren, las acusaciones no pueden ser respondidas, con lo que la causa debería mudarse obligatoriamente a Buenos Aires.
Según el director de Fin.Guru, Sebastián Maril, quien sigue de cerca el desarrollo del litigio, el "Discovery de Hechos" planteado por Burford está previsto que termine el 16 de noviembre próximo.
En tanto, el de expertos pedido por Argentina comenzará el 21 de diciembre y cerrará el 22 de febrero de 2021.
El pedido de sentencia por parte de Burford Capital está previsto para el 8 de marzo de 2021, la respuesta de la Argentina para el 29 de ese mismo mes, el cierre del demandante será el 9 de abril y el juicio propiamente dicho arrancará el 1 de junio.
Analistas de mercado creen que así la Argentina gana tiempo y logra hacer escuchar sus argumentos en un litigio que se le presenta adverso (acumula cuatro fallos en contra) y podría costarle entre 3.000 y 9.000 millones de dólares.
Burford, que adquirió los derechos para litigar del Grupo Petersen, reclama a la Argentina y a YPF supuestos daños económicos por el incumplimiento del estatuto de la petrolera en la expropiación, que establecía que aquel que comprara la mayoría de las acciones de la empresa debía también lanzar una oferta al resto de los accionistas.
Petersen era el dueño del 25% de las acciones de YPF cuando se determinó su nacionalización.
