El Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela hizo lugar a una medida cautelar presentada por el senador provincial Felipe Michlig y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad y a Corredores Viales S.A. ejecutar de manera inmediata trabajos de mantenimiento en la Ruta Nacional N° 34, en un tramo de aproximadamente 50 kilómetros que atraviesa las localidades de Curupaity, Monigotes y Palacios, en el departamento San Cristóbal.
La resolución, firmada por el juez Aurelio Cuello Murúa, establece un plazo de tres meses para la ejecución de tareas consideradas “mínimas e indispensables”, entre ellas iluminación, señalización horizontal y vertical, bacheo provisorio, limpieza y acondicionamiento de banquinas y desagües. Además, las entidades demandadas deberán acreditar en un plazo de 10 días el inicio de los trabajos ordenados.
La medida se enmarca en una acción de amparo impulsada por Michlig a fines de diciembre de 2025, en la que reclamó la reparación integral del corredor vial y la presentación de un plan de operación y mantenimiento. Según explicó el abogado patrocinante Hugo Parma, la cautelar responde a la necesidad de atender las intervenciones más urgentes mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El planteo judicial surgió tras reiterados reclamos a nivel administrativo por el deterioro de la traza y la falta de respuestas por parte de organismos nacionales. En ese sentido, el senador sostuvo que la situación de la ruta ha derivado en numerosos accidentes, algunos con consecuencias fatales. “Tenemos que evitar que se sigan matando gente”, advirtió.
En paralelo, el conflicto incluyó un pedido de autorización para ejecutar obras en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 39, en jurisdicción de Arrufó. Esa solicitud fue concedida por Vialidad Nacional luego de presentada la demanda, permitiendo avanzar con trabajos financiados por la provincia.
En su resolución, el magistrado también reconoció la legitimidad de Michlig para impulsar la acción judicial, tanto en su rol de legislador como en su condición de usuario habitual de la ruta, al considerar que la falta de mantenimiento representa un riesgo directo para la población.
Mientras avanza el proceso principal, la decisión judicial busca garantizar condiciones básicas de seguridad en uno de los corredores más transitados de la región, en respuesta a una problemática que lleva años sin solución estructural.
