Una medida justa dentro de un verdadero calvario que sufrió una mujer como empleada del Servicio Penitenciario se suscitó en las últimas horas ya que la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó a la Provincia de Santa Fe que reintegre a su empleo a una suboficial a quien sus superiores de la cárcel de Coronda le promovieron la cesantía en circunstancias que el tribunal consideró arbitrarias.
Es que el despido de la mujer sobrevino a partir de que ella denunció en 2017 precisamente a dos jefes por supuesto abuso sexual durante una jornada de trabajo. Y de allí en más, padeció un calvario con malas consecuencias para su salud y que derivaron en la cesantía en 2019. La guardiacárcel había tomado licencia médica tras la aparente violación sufrida, y por faltar un día después, se la acusó de «abandono de servicio». En el sumario administrativo se le reprochó que “no guardó un comportamiento decoroso conforme a su cargo y su función». Eso, a días de haber denunciado haber sido ultrajada en su lugar de trabajo y por sus autoridades.
Según mencionó el abogado de la mujer, Dr. Martín Mazzeo, en Veo Noticias Coronda "es un primer paso, todavía falta mucho pero ya se logró algo importante como es la reincorporación, luego veremos qué pasa con todos los sueldos que no le pagaron y también se analizará cómo podrá adaptarse a trabajar en un lugar donde siguen teniendo influencia sus denunciados" indicó por la señal de canal 2 el profesional.
El tribunal, integrado aquí por los camaristas Federico Lisa, Enrique Aragón y Leonardo Deb -todos hombres-, hizo lugar este viernes a una medida cautelar que interpuso la suboficial cesanteada, F.M., a través de su abogado, Martín Mazzeo. Allí la mujer pidió la anulación del decreto 2733/19 por el cual el Estado provincial la sacó del Servicio Penitenciario y la dejó sin haberes. Así transitó el año pasado, en pandemia, su situación, con hijos y con su esposo –también empleado penitenciario– trasladado llamativamente de destino luego de aquella denuncia de abuso sexual contra los jefes.
De acuerdo con el resumen del caso a F.M. le armaron un sumario administrativo exprés ante Asuntos Internos, con irregularidades y tendiente a sacarla del Servicio Penitenciario luego de que ella no acatara la orden de callar la denuncia por supuesta agresión sexual que había sufrido. Y para echarla, se valieron de un día en que faltó a su trabajo sin la debida justificación. Todo en el contexto de que venía de una licencia médica posterior al hecho aludido.
F.M. había sido destinada a vigilancia en una garita alejada en el presidio corondino. Denunció que el 14 de julio de 2017 fue supuestamente forzada y abusada por dos superiores. Y enseguida, amenazada con quedar cesante para que callara lo sucedido. «Por eso ella al principio, temerosa, no denunció», explicó su abogado. El 13 de agosto, no obstante, fue suspendida y puesta en disponibilidad, hasta hoy. Luego, el trámite avanzó hasta su cesantía. Por eso luego tomó coraje y denunció a sus jefes por el ataque sexual. Pero ella terminó sin empleo, y sus jefes promovidos a otros puestos jerárquicos del Servicio Penitenciario.
“Suponiendo que la falta administrativa endilgada es verdadera, la sanción aplicada no guarda la debida proporción con la supuesta falta cometida», planteó su abogado ante la Cámara. Y para pedir la restitución del empleo, señaló que «no resulta menester explicar que el pago de un sueldo, inferior a la canasta básica de alimentos, ponga en jaque las finanzas de la Provincia” y agregó que "nosotros aportamos pruebas de que el hecho en verdad ocurrió y seguimos adelante con esa causa, esperamos que la justicia también actúe en consecuencia, pero internamente no hubo sumario administrativo, no hubo nada" sostuvo Mazzeo en comunicación por Skype con el noticiero corondino.
Los jueces atendieron la falta de imparcialidad en el sumario administrativo contra F.M., y el hecho de que se la sometió a una audiencia sin la presencia de su abogado defensor. Entendieron entonces que todo eso «hace presumir que el objetivo de ese proceder es alcanzar la autoincriminación» de la agente acusada de abandonar su responsabilidad como penitenciaria.
Alegó, además, que se le imputó «ausentismo laboral sin aviso» para el 14 de agosto de 2017 cuando consta que ese día estaba con licencia por enfermedad. Esta Cámara –a diferencia del fuero penal, donde primó la impunidad– atendió el hecho de que la suboficial denunció a superiores que habrían impulsado luego las actuaciones administrativas para cesantearla. La denuncia fue por «abuso sexual con acceso carnal, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y amenazas coactivas». Por lo tanto, la agente despedida asumió que «con la cesantía se dio cumplimiento a las amenazas perpetradas», según reza la resolución firmada por los vocales de Cámara Lisa, Aragón y Deb.
El tribunal, entonces, falló a favor de la suboficial F.M. y ordenó al Estado provincial suspender la cesantía aplicada y reincorporar a la agente a su trabajo, «a quien deberá asignársele tareas acorde a su estado de salud y género».
