La Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe decidió por unanimidad investigar el accionar de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Cristina Ferraro. Es por su desempeño en el caso del empresario asesinado Hugo Oldani en febrero de 2020.
El diputado provincial del PJ Leandro Busatto será el miembro acusador y deberá llevar adelante el procedimiento para conocer cómo actuó la funcionaria y por qué permitió que familiares de la víctima ingresaran a las oficinas donde se había perpetrado el crimen y retiraran documentación, dólares y pesos, que podrían haber servido como evidencias para investigar el asesinato y el posible funcionamiento de una cueva financiera.
Tras el homicidio de Oldani, el ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín, presentó una denuncia en la justicia federal asegurando que en la agencia de turismo funcionaba una cueva financiera y a pocas horas de la muerte de su propietario, la fiscal Ferraro, otros funcionarios de la justicia provincia y efectivos policial permitieron que la hija de Oldani retirar una importante suma de dinero.
El diputado Leandro Busatto dialogó al respecto con Veo Noticias y sostuvo: "Tenemos una enorme oportunidad que es abrir una instancia de investigación desde la Legislatura sobre la actuación de la fiscal Ferraro en la causa Oldani y, en mi caso, soy el legislador encargado de llevar adelante la investigación y juzgar o emitir un dictamen que tiene que ser apoyado por mayoría o minoría dentro de la comisión y después votado por sesión conjunta de ambas cámaras, eventualmente ante una sanción por mal desempeño en sus funciones".
En este sentido, Busatto destacó la oportunidad de investigar desde la Legislatura "de cada a una sociedad que está viendo muchas veces que la Justicia tiene dos caras: una cara en la que investiga y juzga al poder, y otra cara es la que le pasa a los mortales que caminan y muchas veces tienen delante de sí mismos la impunidad como bandera de garantía".
De acuerdo a los plazos establecidos, se estima un procedimiento de cerca de unos 45 días hábiles, según detalló el diputado provincial.
"La justicia federal está investigando la causa por intermediación financiera no permitida, y a la fiscal la acaban de imputar y procesar por encubrimiento agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. En el caso de la Legislatura, el procedimiento no tiene características jurídicas, si bien se ajusta a derecho y de acuerdo al debido proceso, tiene una naturaleza política, y las sanciones van desde una suspensión hasta la remoción del cargo", añadió.
