El Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó este jueves una iniciativa legislativa denominada Ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género. El proyecto, elaborado conjuntamente por los ministerios de Justicia y Seguridad, Igualdad y Desarrollo Humano, y Gobierno e Innovación Pública, propone modificar el esquema actual de intervención estatal para priorizar la prevención temprana y endurecer las restricciones sobre las personas denunciadas.
Entre los puntos centrales de la propuesta se destaca la creación de un sistema de evaluación técnica que clasificará las situaciones de riesgo en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico. Esta valoración se determinará a partir de indicadores concretos, como la presencia de armas, antecedentes de estrangulamiento, amenazas o reiteración de llamadas al 911. Según el nivel asignado, el Estado aplicará medidas proporcionales que van desde el monitoreo preventivo hasta el desarme inmediato o la colocación de tobilleras electrónicas de tecnología dual.
Asimismo, la norma contempla cambios procedimentales orientados a reducir la carga burocrática sobre las denunciantes. El texto establece que las medidas de protección tendrán vigencia inmediata sin esperar la notificación formal al agresor, dispone que cualquier tribunal pueda intervenir ante una urgencia y prohíbe explícitamente las instancias de mediación o conciliación entre las partes. También se prevé la creación de un registro digital único para centralizar los antecedentes y la conformación de un fondo de asistencia económica urgente para situaciones de vulnerabilidad.
Santa Fe, segunda en tasa de femicidios
Según el último relevamiento del Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), entre el 1° de enero y el 30 de agosto de 2026 se registraron 176 femicidios en Argentina, lo que representa, en promedio, un asesinato por razones de género cada 33 horas.
El informe ubicó a Santa Fe en el segundo lugar entre las provincias con mayor tasa de femicidios, con 1,6 casos cada 100 mil mujeres. El primer puesto correspondió a Santiago del Estero, con una tasa de 1,7.
A partir de estos datos, desde MuMaLá reclamaron nuevamente la declaración de la Emergencia por violencia de género y cuestionaron la efectividad de las políticas de prevención y protección destinadas a las víctimas.
Femicidios y medidas de protección
El relevamiento también puso el foco en los antecedentes de las víctimas y las medidas de protección adoptadas antes de los femicidios. Según MuMaLá, en Argentina sólo el 11% de las mujeres asesinadas había denunciado previamente a su agresor.
Entre quienes sí habían realizado una denuncia, el informe señaló que el 75% tenía una orden de restricción y el 12% contaba con un botón antipánico al momento del femicidio.
Para la organización, estos datos evidencian dificultades en los mecanismos de prevención, seguimiento y cumplimiento de las medidas de protección, uno de los aspectos que queda en el centro de la discusión sobre las políticas públicas frente a la violencia de género.
