La Universidad Nacional del Litoral (UNL) realizó un acto de reconocimiento a la profesora Mabel Gallardo, quien fue cesanteada en 1979 durante la última dictadura militar. La docente, que se desempeñó en el área de Geografía de la entonces Escuela Universitaria del Profesorado, fue incorporada a la nómina de integrantes de la comunidad universitaria expulsados o separados de sus cargos por motivos políticos.
La actividad se desarrolló en el marco de las políticas institucionales de memoria, verdad y reparación que lleva adelante la universidad. Durante el acto, la rectora Laura Tarabella entregó a los familiares de Gallardo la resolución del Consejo Superior que dispone la reparación de su legajo y un reconocimiento institucional.
Gallardo ejerció la docencia entre 1956 y 1979. Su desvinculación se produjo en noviembre de ese último año en aplicación de la Ley de Prescindibilidad 21.274, una normativa utilizada por el régimen militar para apartar de la administración pública a trabajadores considerados portadores de “antecedentes desfavorables”.
La reconstrucción de su trayectoria académica fue posible gracias a una investigación realizada por María Laura Visintini y Pilar Cabré, vinculadas al Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC). El trabajo permitió reunir documentación que acreditó las circunstancias de la cesantía y habilitó el proceso de reparación documental.
Familiares de la docente participaron del homenaje y agradecieron las gestiones realizadas por la universidad para recuperar su historia. Tras el acto se desarrolló un panel sobre la figura de Gallardo y las políticas de memoria institucional, con la participación de especialistas e investigadoras que trabajaron en la recuperación biográfica.
La iniciativa se enmarca en un programa más amplio de la UNL destinado a revisar y reparar los legajos de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes que fueron expulsados, cesanteados, perseguidos o desaparecidos por razones políticas durante los años de violencia estatal. Desde 2016, la universidad impulsa este proceso con el objetivo de dejar constancia en los registros oficiales de las verdaderas causas de las desvinculaciones, corrigiendo referencias administrativas que ocultaban la persecución política sufrida por las víctimas.
Según datos de la institución, una resolución aprobada en 2019 incluyó a 128 personas cesanteadas, detenidas-desaparecidas o asesinadas por el terrorismo de Estado, cuyos legajos comenzaron a ser revisados y reparados como parte de esta política de reconocimiento histórico.
