Mientras Patricia Bullrich continúa su recorrida por la Costa Atlántica y pone el foco en el empleo no registrado como eje de la reforma laboral, los gobernadores intensifican por otro carril sus negociaciones con la Casa Rosada. El interlocutor es el ministro del Interior, Diego Santilli, encargado de reunir los apoyos legislativos necesarios para avanzar con el proyecto, aunque los resultados, por ahora, no satisfacen a las provincias.
El principal punto de conflicto es la reducción de impuestos que contempla la iniciativa, en particular la baja del Impuesto a las Ganancias para las empresas, un tributo coparticipable. Con un escenario de ajuste fiscal, escasa obra pública y una Nación reticente a transferir fondos discrecionales, los mandatarios advierten que la reforma podría provocar una merma significativa en sus ingresos.
“La baja de impuestos de la reforma laboral nos mata”, fue la frase que, según fuentes del oficialismo provincial, repitieron gobernadores de distintos signos políticos durante los encuentros con Santilli. El reclamo se replica tanto en provincias del norte como del centro del país y atraviesa a mandatarios considerados dialoguistas.
Ante ese panorama, las provincias plantearon una alternativa: que la reducción impositiva no sea automática, sino que quede supeditada al crecimiento de la actividad económica. El objetivo es compensar, vía mayor recaudación por expansión productiva, lo que se perdería por coparticipación. Para avanzar con esa propuesta, los gobernadores consideran clave la participación directa del ministro de Economía, Luis Caputo.
El pedido se apoya en un punto central del dictamen aprobado en el Senado. El artículo 212 establece que varias disposiciones de la reforma —entre ellas el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), los cambios impositivos y la reducción de la carga tributaria— no entrarán en vigencia de manera automática tras la sanción de la ley. Su aplicación quedará sujeta a una decisión del Ministerio de Economía, en función de las metas de equilibrio fiscal.
Ese margen de discrecionalidad convierte a Caputo en una figura clave de la negociación. “Necesitamos un compromiso real del ministro”, señalan desde las provincias, con el recuerdo aún fresco de promesas realizadas por otros funcionarios que luego no tuvieron aval económico.
El debate se da, además, en un año políticamente sensible. Dieciocho gobernadores proyectan disputar su reelección y observan con preocupación el impacto que una merma de recursos podría tener en sus gestiones, en un contexto de elecciones legislativas de medio término y con el crecimiento de La Libertad Avanza en varios distritos.
Aunque desde el Gobierno se mencionó la posibilidad de habilitar avales para que las provincias tomen deuda externa como compensación, esa opción no convence a todos. Por ahora, sin convocatoria a sesiones extraordinarias ni mesas de trabajo formales, los gobernadores mantienen en suspenso su apoyo al proyecto y hacen saber su postura tanto al bloque oficialista en el Senado como a los emisarios nacionales que recorren las provincias.
