La inclusión de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en la lista de candidatos a jueces federales enviada por el Gobierno nacional al Senado volvió a poner en debate el peso del denominado “establishment judicial” en los procesos de designación.
El pliego, impulsado por la gestión de Javier Milei, propone al abogado para integrar un Tribunal Oral Federal en la ciudad de Santa Fe, en el marco de un paquete de más de 80 postulaciones para cubrir vacantes en todo el país.
La nómina fue elaborada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y comenzará a ser tratada en el Senado en las próximas semanas.
El caso Rosatti en Santa Fe
La postulación de Emilio Rosatti concentra la atención en Santa Fe por tratarse del hijo de uno de los magistrados más influyentes del país y actual presidente del máximo tribunal.
El candidato se desempeñó como secretario en la Justicia electoral entre 2013 y 2018 y es autor del libro La Justicia Mediática, donde analiza el vínculo entre medios, opinión pública y sistema judicial.
Su nominación se inscribe dentro de una lista con fuerte presencia de perfiles ligados a la estructura judicial, lo que reaviva cuestionamientos sobre la persistencia de vínculos familiares en el acceso a cargos clave.
Apellidos y vínculos en la Justicia
El listado de candidatos enviado por el Ejecutivo evidencia una marcada presencia de integrantes de la llamada “familia judicial”, con lazos directos con jueces, fiscales y funcionarios.
Entre ellos, figura también el camarista Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, quien buscará continuar en su cargo más allá de los 75 años mediante un nuevo acuerdo del Senado.
Asimismo, aparecen postulaciones como la de Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, y otros nombres con trayectorias construidas dentro de los tribunales federales.
Debate abierto en el Senado
El envío de los pliegos generó debate político y judicial, especialmente por la aparente contradicción con el discurso oficial contra “la casta”.
En ese marco, el tratamiento en el Senado será clave para definir el futuro de estas designaciones, en un proceso que busca cubrir más de 300 vacantes en la Justicia federal.
