Manuel Adorni presentó ante la Justicia sus explicaciones sobre las inconsistencias detectadas en su evolución patrimonial y aseguró que parte de sus ahorros provenían de operaciones con bitcoin realizadas antes de su llegada a la función pública.
La presentación, realizada luego de que la Justicia le concediera una prórroga, responde a los 20 puntos planteados por el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. El documento tiene 78 páginas y fue presentado por el abogado del ex funcionario, Matías Ledesma.
Según la defensa, los fondos declarados como producto de la venta de activos surgieron de la liquidación de ocho billeteras de bitcoin entre 2017 y 2018. El monto total informado asciende a USD 591.544,61.
El escrito sostiene que las operaciones se realizaron antes de que Adorni ejerciera cargos públicos y que las billeteras registraron movimientos entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. La defensa afirmó además que las claves privadas fueron acreditadas mediante un acta notarial y que actualmente esas direcciones no conservan saldo.
Los ahorros en Bitcoin
De acuerdo con la explicación presentada ante la Justicia, una parte de los dólares obtenidos mediante la liquidación de las criptomonedas permaneció en efectivo y fuera del sistema bancario.
La defensa señaló que las operaciones se habrían concretado mediante encuentros personales y pagos en efectivo, sin participación de entidades financieras. Según el escrito, parte de los fondos fue reinvertida bajo la misma modalidad y otra parte permaneció en el domicilio de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
El abogado sostuvo que se trataba de un activo preexistente al ingreso de Adorni a la función pública y que, por ese motivo, su origen debía ser considerado dentro de la reconstrucción de su patrimonio.
La presentación también plantea que, si existiera alguna cuestión de índole tributaria relacionada con esos fondos, debería ser analizada por los organismos y fueros competentes en materia fiscal y penal económica.
La investigación se inició luego de que la Fiscalía detectara inconsistencias por unos $43 millones y USD 400.000 en la evolución patrimonial declarada por el ex funcionario.
La casa de Indio Cuá
Otro de los puntos centrales de la presentación está relacionado con la compra y las refacciones de la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá.
El ex funcionario sostuvo que la adquisición del lote, por USD 120.000, fue financiada mediante un préstamo hipotecario de USD 100.000 y un pago de USD 20.000 en efectivo. Según explicó, ese dinero estaba bajo la custodia de su esposa.
Respecto de las obras realizadas posteriormente en la propiedad, Adorni negó haber desembolsado los USD 245.000 que el contratista Matías Tabar había mencionado en su declaración testimonial.
La defensa afirmó que el monto efectivamente abonado fue de USD 175.000 y que el dinero salió de una cuenta bancaria de Adorni, proveniente de sus ahorros.
El escrito también cuestionó las cifras aportadas por el contratista y señaló diferencias entre las distintas planillas utilizadas para calcular el costo de los trabajos. Según la presentación, una de ellas arroja un total de USD 285.929, una cifra diferente a los USD 245.929 declarados inicialmente por Tabar.
Las respuestas
La defensa respondió uno por uno los 20 puntos observados por la Fiscalía y acompañó documentación contable y técnica para respaldar sus explicaciones.
También incorporó información sobre la adquisición de los inmuebles, los movimientos de dinero y las declaraciones juradas rectificativas presentadas en junio de 2026. Según el escrito, esas modificaciones buscaron reflejar correctamente la situación patrimonial de Adorni y su esposa.
La defensa detalló además la evolución de los ahorros declarados en efectivo. Según la documentación presentada, pasaron de USD 513.000 al cierre de 2023 a USD 388.961,52 al finalizar 2024 y a USD 209.961,52 a fines de 2025.
El escrito sostiene que parte de esos fondos, que originalmente estaban destinados al ahorro familiar, fueron utilizados para la compra y refacción de la vivienda de Indio Cuá y para la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
Ahora la documentación presentada por Adorni deberá ser analizada por la Fiscalía. Si las explicaciones y los elementos aportados no resultan suficientes para justificar las diferencias detectadas, la acusación podría solicitar al juez federal Ariel Lijo que avance con una declaración indagatoria.
