A una semana de su lanzamiento, el Plan de Protección de los Ingresos impulsado por el Gobierno de Santa Fe ya recibió 10.138 solicitudes de adhesión de trabajadores públicos y privados que buscan refinanciar deudas y aliviar el peso de los descuentos mensuales sobre sus salarios.
Según datos oficiales, del total de personas que iniciaron el trámite, 8.062 pertenecen al sector público: 6.888 trabajadores activos y 1.174 jubilados y pensionados. En tanto, otras 2.076 solicitudes corresponden al ámbito privado, entre empleados en relación de dependencia y trabajadores autónomos.
La medida, presentada días atrás por la administración provincial encabezada por Maximiliano Pullaro, apunta a reestructurar deudas contraídas hasta el 30 de abril mediante financiamiento con tasas reducidas y plazos de hasta 60 cuotas. En el caso de los empleados estatales, el esquema prevé además que los descuentos sobre los haberes no superen el 25 % de los ingresos.
El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, indicó que las reestructuraciones comenzarán a concretarse durante junio, mientras que el proceso administrativo se desarrolla durante mayo. Según explicó, el sistema contempla mecanismos para evitar la superposición de deudas y exige certificados de libre deuda emitidos por los acreedores originales antes de otorgar el nuevo financiamiento.
Desde el Gobierno provincial sostienen que el programa busca atender el crecimiento del endeudamiento familiar en un contexto económico complejo y recuperar parte del ingreso disponible de los hogares. También señalaron que, en algunos casos, la nueva cuota mensual podría reducirse considerablemente respecto de la obligación previa.
La inscripción permanecerá abierta durante tres meses y puede realizarse de manera online a través del portal oficial de la provincia, utilizando la herramienta ID Ciudadana. Posteriormente, el trámite continúa con una instancia presencial de validación. Según precisaron desde el Ministerio de Economía, esta modalidad busca reforzar la seguridad del procedimiento y prevenir posibles estafas.
Además del formulario digital, el Gobierno habilitó una línea telefónica de consultas para quienes necesiten asistencia durante el proceso de adhesión.
