Más de 5.400 personas de distintas provincias participaron este jueves en una nueva subasta de bienes incautados en causas judiciales, realizada en el Salón Metropolitano de Rosario. En total, se ofrecieron 150 lotes que incluyeron autos, motos, un avión y otros objetos, en el marco de una política que busca dar destino a activos vinculados a actividades delictivas.
El evento fue encabezado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien señaló que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia para quitar recursos a organizaciones criminales. Según datos oficiales, se inscribieron 5.411 personas provenientes de 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el Ejecutivo provincial indicaron que la subasta se enmarca en un esquema más amplio que incluye el decomiso de bienes y su posterior reutilización o venta. En ese sentido, sostienen que los fondos obtenidos pueden destinarse a políticas públicas, asistencia a víctimas o apoyo a instituciones.
Funcionarios del área de Justicia y Seguridad remarcaron que la herramienta apunta a debilitar las estructuras económicas del delito. También destacaron que Santa Fe viene utilizando este mecanismo de manera sistemática en los últimos años, aunque no es la única jurisdicción del país que cuenta con figuras similares en su legislación.
Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, consideró que el decomiso de bienes forma parte de una estrategia integral contra el delito, que incluye la investigación penal y la sanción judicial.
De acuerdo con cifras oficiales, en las cuatro subastas anteriores se recaudaron más de 3.500 millones de pesos. Esos recursos, indicaron, fueron destinados a distintos programas y organizaciones.
Para participar del remate fue necesario realizar una inscripción previa y someterse a controles de datos, con el objetivo de evitar la participación de personas vinculadas a actividades ilícitas. Además, en el caso de los vehículos, se implementa un cambio de dominio para desvincularlos de sus propietarios anteriores.
La subasta fue organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), el organismo encargado de gestionar los bienes secuestrados en procesos judiciales. Su función incluye desde la asignación a organismos públicos hasta la venta o disposición final de los objetos.
