El gobierno de Javier Milei avanza con una ambiciosa reforma electoral que busca modificar de manera estructural el sistema político argentino. El proyecto, que será enviado al Congreso en las próximas semanas, incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), nuevas condiciones para la conformación de partidos políticos y cambios significativos en el financiamiento de la política.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es reemplazar las PASO por un sistema de avales ciudadanos verificados digitalmente. A través de este mecanismo, los precandidatos deberán reunir apoyos mediante una plataforma oficial con validación biométrica, lo que apunta a reducir la proliferación de partidos sin representación real, conocidos como “sellos de goma”.
En paralelo, el proyecto propone endurecer los requisitos para la creación y permanencia de partidos políticos. A nivel distrital, se exigirá un mínimo de afiliados equivalente al 0,5% del padrón electoral, mientras que para alcanzar reconocimiento nacional se requerirá presencia en al menos diez distritos. Además, las agrupaciones que no alcancen un piso mínimo de votos en elecciones consecutivas podrán perder su personería.
La reforma también incorpora la implementación de la Boleta Única de Papel, que permitirá votar listas completas mediante una única opción y podría incluir, en caso de simultaneidad electoral, categorías nacionales, provinciales y municipales en un mismo instrumento.
En materia de transparencia, se incluye el criterio de “Ficha Limpia”, que impediría postularse a cargos electivos a personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos. La restricción también alcanzaría a funcionarios del Poder Ejecutivo, en un intento por elevar los estándares éticos en la función pública.
Otro de los puntos destacados es la modificación del esquema de financiamiento político. El proyecto eleva los topes para aportes privados, elimina los límites de gasto en campaña y establece sanciones más severas para las agrupaciones que no puedan justificar el origen de sus fondos. Asimismo, se prevé la eliminación de la publicidad gratuita en medios audiovisuales y la concentración del aporte estatal en un único desembolso anual.
Entre las novedades, se plantea que los debates presidenciales dejen de ser obligatorios, y se propone suspender la elección directa de representantes al Parlamento del Mercosur hasta que exista un calendario unificado en los países del bloque. Mientras tanto, esos cargos serían designados por la Cámara de Diputados.
El avance de la reforma dependerá de las negociaciones con gobernadores y fuerzas políticas, en un escenario donde el oficialismo necesita construir consensos para su aprobación. La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para instalar el debate político de cara al próximo calendario electoral y redefinir las reglas del sistema.
