Por Juani Citroni
La Municipalidad de Santa Fe lleva adelante una licitación pública con el objetivo de implementar un sistema integral que agrupa la gestión del estacionamiento medido (SEOM), la modernización de la red semafórica, la instalación de cámaras de videoanalítica, un centro de monitoreo urbano y una plataforma digital integradora. El proceso se presenta como una innovación en movilidad urbana, aunque genera muchas dudas sobre su conformación, alcance real e inclusive vicios de direccionamiento en los pliegos.
Un pliego, muchos servicios: la trampa de la “solución integral”
Uno de los aspectos más criticables es que el pliego licita en un solo paquete una diversidad de servicios que podrían contratarse de forma independiente. El oferente debe encargarse de:
- Gestionar el nuevo SEOM
- Instalar y operar semáforos inteligentes
- Colocar cámaras con tecnología de videoanalítica
- Implementar un centro de monitoreo urbano
- Desarrollar una plataforma tecnológica de integración
- Proveer infraestructura informática y prestar soporte por cinco años.
Esta complejidad limita la posibilidad de competencia real, ya que muy pocas empresas tienen capacidad para cubrir la totalidad de estas exigencias técnicas y operativas. Al no dividir el pliego en módulos o licencias independientes, se impide que empresas especializadas en cada rubro puedan presentarse en consorcio o de manera separada, favoreciendo de hecho a quienes ya ofrecen soluciones integradas en otras ciudades. Esta modalidad concentra el poder de ejecución y también incrementa el riesgo de contratación fallida si el adjudicatario no cumple con alguno de los aspectos del servicio.
Requisitos restrictivos y sospechas de direccionamiento
El pliego exige que las empresas interesadas acrediten experiencia previa simultánea en: Sistemas informáticos complejos, estacionamiento medido, gestión semafórica, videoanalítica y plataformas integradas de datos.
No se admite la posibilidad de acreditar experiencia en forma parcial ni en asociación con otras empresas. Además, se requiere que los antecedentes presentados tengan la misma “magnitud, complejidad funcional y arquitectura tecnológica” que lo solicitado. Esta exigencia se torna especialmente restrictiva: no solo es necesario haber hecho algo parecido, sino que debe tener una escala similar y utilizar la misma tecnología de base. Esto actúa como un filtro excluyente para empresas locales o especializadas en un solo rubro y podría dejar el camino allanado a firmas que ya prestan estos servicios en otras ciudades, en condiciones similares. Se convierte, de hecho, en una barrera de entrada disfrazada de criterio técnico.
Licitación por sistema de puntaje con alta discrecionalidad
El proceso de selección está basado en un sistema de puntaje mixto: 65% corresponde a la evaluación técnica, mientras que el 35% restante se asigna según la propuesta económica (canon porcentual sobre la recaudación del SEOM).
Dentro de la evaluación técnica, el 70% del puntaje depende de la “solución propuesta” por la empresa, es decir, cómo planifica implementar el sistema. Esta valoración queda completamente sujeta a la opinión de una comisión interna del municipio. No se establece la participación de veedores externos, expertos independientes ni organismos académicos o ciudadanos, lo que otorga un margen significativo de subjetividad y discrecionalidad.
La ausencia de criterios objetivos y ponderaciones claras sobre qué se valorará en la “solución propuesta” abre la puerta a una decisión arbitraria, amparada en supuestas ventajas técnicas que pueden no estar debidamente justificadas. Este modelo, en lugar de incentivar la mejor propuesta, puede premiar la más afín a la comisión evaluadora. Asimismo, deja librado la mayoría del puntaje necesario a criterios poco definidos como “usabilidad” o la ya mencionada “solución”. ¿Cómo se determina de manera clara la buena o mala “usabilidad” de un sistema?
Especificaciones técnicas que podrían delatar a un proveedor
El pliego incluye detalles técnicos muy precisos que podrían apuntar a soluciones comerciales preexistentes:
- Controladores semafóricos:
“Cada equipo controlador deberá contar con procesador ARM Cortex-A7 de 1GHz, con sistema operativo Linux Debian 10, y con al menos 4 entradas digitales optoacopladas, 8 salidas tipo relé de estado sólido, 1 interfaz RS-485 y 1 puerto Ethernet 10/100.” - Servidores para el centro de monitoreo:
“El servidor de procesamiento de video deberá contar con al menos dos procesadores Intel Xeon Silver 4210R de 10 núcleos, 128 GB de memoria RAM DDR4 ECC, discos SSD de 480 GB en RAID 1 para el sistema operativo, y almacenamiento adicional de al menos 24 TB en RAID 5 para grabación de video.” - Cámaras de videoanalítica:
“Las cámaras deberán contar con sensor CMOS de 1/1.8”, resolución mínima de 4MP, lente varifocal motorizado de 2.8-12mm, iluminación infrarroja con alcance mínimo de 50 metros, compresión H.265+, WDR de 120dB, y detección de cruce de línea, intrusión y objetos abandonados.”
Estos requerimientos técnicos, en lugar de expresar necesidades funcionales abiertas a diversas soluciones, parecen calzar con productos de marcas o integradores específicos. En el mundo de las licitaciones, esta práctica podría observarse como un “direccionamiento técnico” y constituye un mecanismo informal para limitar la competencia. En resumen, si el pliego se arma con las especificaciones técnicas que ya tiene una empresa, es más fácil que luego sea la seleccionada.
Incertidumbre sobre el costo real
El canon se calculará como un porcentaje de la recaudación del SEOM, con un valor de referencia del 33%. Sin embargo, el pliego no detalla cuánta es la recaudación actual, y deja a la empresa adjudicataria el riesgo operativo y financiero, sin decirle cuánto va a ganar por la prestación del servicio y la inversión tecnológica requerida.
El pliego establece que la etapa inicial se llevará a cabo con las dársenas ya existentes: 4.375 según el Secretario de Gobierno Sebastián Mastropaolo. Hagamos entonces el cálculo de ganancia con los datos que tenemos. Si tomamos el valor actual de la hora inicial de estacionamiento de $290 como tarifa base, y suponiendo una ocupación promedio del 50%, es decir 4 horas por día por dársena, durante 26 días hábiles al mes, la recaudación mensual podría superar los 131 millones de pesos. Esto proyecta una recaudación anual cercana a los 1.583 millones millones. Si se aplica el canon base del 33%, la empresa adjudicataria podría percibir aproximadamente 522 millones de pesos por año.
Sin embargo, estos números presentados de manera aislada, no cierran por sí solos. Resulta difícil imaginar que una empresa esté dispuesta a asumir semejante inversión en infraestructura, tecnología, personal y mantenimiento durante cinco años (o más con la prórroga), para obtener un retorno mensual cercano a los 43 millones de pesos, como se desprende del canon estimado. Esa rentabilidad podría ser desproporcionadamente baja en relación a la escala y exigencias del proyecto.
Esto permite inferir que el esquema económico planteado en el pliego está incompleto o deliberadamente abierto: o bien el Municipio planea extender significativamente la zona del SEOM una vez adjudicado el contrato, o se aplicará un incremento considerable en las tarifas actuales para garantizar el negocio. Como estas hipótesis no están especificadas de forma transparente en el pliego, existe el riesgo de que sea el ciudadano quien termine absorbiendo esa diferencia, ya sea pagando más por estacionar o enfrentando una ciudad con mayor superficie tarifada sin debate previo.
Aun siendo un cálculo preliminar, esta proyección pone en evidencia la falta de datos precisos en el pliego licitatorio sobre el nivel actual de ingresos del SEOM. Esa ausencia coloca en desventaja a los oferentes sin acceso a información interna y refuerza la sospecha de que algunas empresas podrían tener una ventaja competitiva anticipada para evaluar la viabilidad económica del contrato.
Luminarias: Un antecedente reciente
Lo que ocurre con este pliego, en algunos aspectos, es similar a la licitación para la renovación y mantenimiento del sistema de alumbrado público. En aquella oportunidad, el primer pliego presentado por la Municipalidad también generó fuertes críticas por parte de sectores técnicos, políticos y empresariales locales. Desde VEO Noticias se advirtió que el pliego, tal como estaba redactado, dejaba afuera a empresas santafesinas y tenía serias sospechas de direccionamiento a un grupo de empresas porteñas con mucha relación política con un sector del frente gobernante Unidos para cambiar Santa Fe.
Luego de los informes que hicimos públicos, la Municipalidad revisó el esquema y modificó el pliego, dividiendo el servicio en dos zonas independientes. A partir de esa corrección, resultó adjudicataria una UTE compuesta por empresas santafesinas, que con la versión original hubieran quedado automáticamente descalificadas.
Este antecedente inmediato demuestra que es posible modificar un pliego para ampliar la participación, promover la competencia real y generar oportunidades para el sector productivo local.
Concejo: ¿discusión profunda o escribanía del ejecutivo?
Como era de esperarse, el concejo deliberante de la ciudad lejos de estudiar profundamente el pliego y consultar al ejecutivo sobre los puntos poco claros, terminó dando aval al proceso por pedido del Intendente. Solo se destacaron las objeciones de los ediles justicialistas Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel que no acompañaron la iniciativa. Violeta Quiroz aprobó en general y sólo objetó dos artículos: las tarifas por zonas y la posibilidad de que las motos también paguen.
Esta situación cristaliza, nuevamente, que a la hora de abordar temas sensibles y de mucha profundidad e impacto para el santafesino, la “oposición” real en el concejo se reduce notoriamente. Los representantes de los partidos que no integran Unidos para Cambiar Santa Fe, casi siempre, terminan votando en conjunto con los ediles que representan al Intendente a excepción de los dos ediles que en este caso se opusieron (como sucedió con los pliegos de tercerización de luminarias)
Santa Fe hacia un esquema importador de servicios
La licitación para el nuevo sistema de movilidad de Santa Fe representa un contrato sin detalles de recaudación y posibles ganancias pero con altísimo impacto urbano. Sin embargo, por sus condiciones restrictivas, el peso subjetivo de la evaluación y los detalles técnicos altamente específicos, abre dudas sobre la competencia real del proceso y por antonomasia, la posibilidad de direccionamiento a empresas específicas no locales.
En el discurso de la política moderna, el concepto de transparencia, libertad de competencia e igualdad de condiciones pareciera ser efímero a la hora de plasmarlo en controles, contrataciones o pliegos licitatorios. El municipio debería brindar mayores garantías de publicidad, justificación técnica y control externo si busca despejar las sospechas de direccionamiento que se instaló con con el pliego de luminarias y que hoy queda retumbando a pesar de los cambios oportunos. Asegurar un servicio verdaderamente eficiente, competitivo y a la altura de las necesidades de la Ciudad Capital de la provincia de Santa Fe no puede ser una odisea, mucho menos un trabajo cuya capacidad sólo ostenten empresas extranjeras.
Santa Fe es un polo empresarial, de inversión y crecimiento que tiene la capacidad de proyectarse a gran escala, o por lo menos eso dicen los candidatos en sus campañas cuándo buscan el apoyo con la bandera santafesina a cuestas. Al fin y al cabo, empezar a fomentar este crecimiento con honestidad y transparencia depende de las posturas reales y no discursivas que asumen quienes pasan de manera transitoria por el Palacio Municipal.
