Senadores provinciales mantuvieron una reunión de trabajo con los ministros de Seguridad, Pablo Cococcioni; de Igualdad y Capital Humano, Victoria Tejeda; y de Hacienda, Pablo Olivares, para avanzar en el análisis del proyecto que busca regular la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en la vía pública.
El eje del encuentro fue la iniciativa impulsada por el senador Ciro Seisas, que apunta a establecer un marco normativo para abordar una problemática creciente en distintas ciudades de la provincia. La participación de tres áreas del Ejecutivo respondió a la complejidad del fenómeno, que combina aspectos de seguridad, inclusión social y análisis económico.
Entre los puntos centrales del proyecto se contempla la creación de un registro de antecedentes y la aplicación de sanciones a través de los códigos de faltas provinciales y municipales. Según se planteó, la norma tendría un impacto directo en ciudades como Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, donde la presencia de los denominados “trapitos” genera mayores conflictos.
Durante la reunión, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, puso el foco en los límites legales de una eventual prohibición general. “En primer lugar, no puede haber una prohibición genérica para toda la provincia porque es un tema de competencia que es originalmente local, ya que la regulación del espacio urbano pertenece a los municipios, más aún considerando su autonomía tras la reforma constitucional”, explicó.
En ese sentido, el funcionario señaló que, si bien se trata de una actividad que puede derivar en delitos o intervenciones al 911, la potestad de prohibirla recae en los gobiernos locales. “Sabiendo que es una situación que puede dar lugar a delitos, sí el municipio puede prohibirlo. Entonces, la legislación contravencional penaliza la realización de esa actividad cuando estuviera prohibida”, agregó.
Cococcioni detalló que la propuesta apunta a que sean los propios municipios quienes asuman un rol activo en el control: “Lo que se propone es que sean los municipios los que actúen, en lugar del fiscal, persiguiendo contravencionalmente esa falta y puedan requerir el auxilio de la policía para el desalojo de los espacios públicos ocupados y hacer cesar la actividad prohibida”.
El debate continuará en el ámbito legislativo, donde se buscará consensuar una normativa que contemple tanto el ordenamiento del espacio público como la situación social de quienes desarrollan estas actividades.
