La escalada de tensión entre el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil y el presidente, Jair Bolsonaro, sumó un nuevo capítulo este miércoles. El juez del máximo órgano de Justicia, Alexandre de Moraes, ordenó una serie de allanamientos en el marco de una investigación sobre noticias falsas que tendrían como objetivo amenazar e intimidar a jueces de la Corte, y en la que estarían involucradas personas cercanas al mandatario ultraderechista.
De acuerdo a la investigación del STF, que comenzó en 2019, dicho aparato de propaganda contaría con el financiamiento de empresarios allegados a Bolsonaro, mientras que los ejecutores de sus maniobras serían blogueros y parlamentarios de la derecha brasileña.
En medio de la crisis política y sanitaria que atraviesa el gobierno por el avance de la pandemia de coronavirus, Moraes parece decidido a avanzar en una nueva causa que complica al Ejecutivo, basado en el resultado de los recientes procedimientos.
"Las pruebas recogidas y las pericias apuntaron a la existencia de una asociación criminal dedicada a la diseminación de noticias falsas, ataques a personas, autoridades e instituciones, como el Supremo Tribunal, con contenido de odio, subversión del orden e incentivo al quiebre de la institucionalidad democrática", sostiene el magistrado en su orden de allanamiento.
Sin embargo, el fiscal general Augusto Aras le pidió al juez del STF, Edson Fachin, que suspenda la investigación: "No se puede hacer sin atribución constitucional del Ministerio Público, y deben observarse los derechos y garantías fundamentales de los sujetos de la investigación", argumentó.
Uno de los operativos se realizó el miércoles en la oficina de Terça Livre (Martes Libre), el portal del periodista de extrema derecha Allan dos Santos, considerado cercano a los hijos del presidente. Desde su cuenta de Twitter, uno de ellos, Eduardo Bolsonaro, calificó la medida judicial como "dictatorial".
Además, la Policía buscó evidencias en las direcciones del exdiputado Roberto Jefferson, del empresario Luciano Hang, dueño de la empresa, y de asesores del diputado del estado de Sao Paulo, Douglas García, entre otros. En total, se cumplieron 29 órdenes de allanamiento en cinco estados y en el Distrito Federal.
"Ver a ciudadanos de bien con sus hogares invadidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión es una señal de que algo muy grave está ocurriendo en nuestra democracia", escribió Bolsonaro en su cuenta de Twitter.
