La controversia en torno a la regulación de los cuidacoches en la ciudad de Santa Fe sumó este jueves un nuevo foco de conflicto que incrementó la tensión en la Legislatura provincial. Diversos organismos de derechos humanos, sindicatos y agrupaciones sociales presentaron formalmente ante el Senado un documento técnico en el que denuncian la presunta inconstitucionalidad del proyecto de ley orientado a prohibir y sancionar dicha actividad en la vía pública.
La presentación fue encabezada por el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe junto a la asociación Tramas – Derecho en Movimiento. Ambas entidades solicitaron además una audiencia urgente con las comisiones legislativas encargadas de analizar las modificaciones que la Cámara de Diputados introdujo recientemente al texto original que había aprobado el Senado. De acuerdo con el documento, el proyecto “suma múltiples conflictos con el bloque de constitucionalidad federal argentino” y arrastra vicios legales irreparables, incluso tras las reformas hechas por la Cámara baja.
Vulnerabilidad social y el debate dentro del oficialismo
Los fundamentos de las organizaciones sociales apuntan a que la ley afecta de manera directa a personas que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad social y económica. Argumentan que los mecanismos prohibitivos y las escalas de sanciones propuestos terminan por criminalizar un trabajo de subsistencia informal, vulnerando de forma flagrante los principios de igualdad ante la ley y no discriminación al ensañarse con un sector específico de la población. Asimismo, recordaron que si bien en Diputados se corrigieron aspectos para proteger el artículo 19 de la Constitución Nacional —el cual resguarda las acciones privadas que no dañen a terceros—, un sector de los legisladores votó en contra por considerar que las modificaciones no subsanaban los problemas de fondo.
La discusión también genera fuertes discrepancias hacia el interior de Unidos para Cambiar Santa Fe, la coalición gobernante. Mientras que algunos sectores internos presionan para ignorar los cambios de Diputados e insistir con la versión punitiva original del Senado, otros legisladores prefieren acompañar las modificaciones para intentar blindar la norma ante previsibles demandas judiciales por inconstitucionalidad. Desde las agrupaciones civiles sostienen que el rol del Estado debería enfocarse en diseñar políticas de inclusión social y oportunidades laborales genuinas antes que en aplicar medidas netamente punitivas.
Una fecha clave para el futuro de la norma
La discusión entrará en su etapa de definiciones el próximo martes 2 de julio, fecha fijada para la sesión de la Cámara alta. En dicha jornada, los senadores deberán resolver si aceptan las correcciones constitucionales introducidas por la Cámara de Diputados o si deciden insistir con el texto más restrictivo aprobado en la primera instancia parlamentaria.
Los defensores del proyecto original remarcan que la ley es una herramienta indispensable para ordenar el uso del espacio público, previniendo situaciones de extorsión y cobros indebidos a los automovilistas. En la vereda opuesta, un amplio espectro de actores políticos, sociales y religiosos alertan sobre el impacto humano de una prohibición total. Más allá del resultado del 2 de julio, el debate sobre el empleo informal, los límites de las penalidades estatales y la protección de los sectores marginados continuará en el centro de la agenda política santafesina.
