La Asamblea Santafesina de Personas con Discapacidad se suma a la movida federal convocada por el Foro Permanente Discapacidad debido a los anuncios de recortes de pensiones que tiene previsto el gobierno nacional, por considerar que hay beneficios que son truchos o que en todo caso, el que recibe el fondo no cumpliría con los requisitos.
Ante esto, Gabriela Bruno, ex funcionaria provincial en el área, destacó en la marcha realizada en la Plaza de Mayo de Santa Fe, que “estamos reclamando a nivel nacional por todos los recortes de pensiones y derechos de personas con discapacidad y por el desprestigio de que quienes la hayan tramitado. Las auditorías son perfectas. Pero no como están planteadas. Son tramposas. Las cartas documento para actualizar la documentación llegan, pero los plazos no dan, entre que sacan turnos médicos, no alcanzan a hacer todo y está todo centralizado, con los 770 despidos en la agencia regional de discapacidad, se achicó y se cerraron sedes, la centralización hace que sea mucho más difícil poder llegar a tiempo”.
Luego, la dirigente perteneciente al Observatorio Provincial de Discapacidad, explicó que “sumado a los recortes que hay en la gratuidad del transporte público, todo esto hace que no se pueda presentar en tiempo y forma y se recorte un derecho” por lo que “vamos a estar más vulnerados todavía, cuando en realidad deberíamos tener trabajo, y venir a pedir empleo a una marcha, no pedir que no nos saquen lo único que nos dan, este gobierno nacional atenta contra esta población como lo ha hecho contra las mujeres, contra el abordaje de violencia, los colectivos Lgbtq, contra jubilados, les interesa la caja y que le cierren los números”.
Sin embargo, Bruno manifestó que “dicen que van a recortar 200 mil pensiones, cuando no terminaron las auditorías todavía. ¿Son adivinos?” ante lo cual “se armó un petitorio para pedir colaboración. Tiene impacto federal, en todas las provincias y localidades de Santa Fe”.
A su turno, Martín Weber contó que “se han cuestionado pensiones, tampoco se está sistematizando como se debe. El Estado tiene que controlar, no hay problemas con eso. Me parece bien. Pero el Estado sobre excita, desordena, atemoriza a la población, la moviliza con tiempos muy acotados que eso dificulta en el colectivo y en el medio, no todos resuelven rápidamente, hay quienes necesitan de otros para trámites. Son muchas complicaciones”.
Finalmente, opinó que “estas son pensiones que están por debajo de la línea de pobreza. Y siempre es una colaboración en muchos de los casos, es una ayuda. El discapacitado se sostiene como puede, y lo que obtiene con esto anda por los 170 mil pesos a 220 mil”.
