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21 de diciembre de 2018


Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Báez, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Osvaldo Sanfelice, entre otros acusados, vayan a juicio oral en la causa Hotesur SA donde fueron procesados por lavado de dinero.

El juez Julián Ercolini procesó a la ex Presidenta y demás acusados de esta causa, como responsables de actividades ilícitas de blanqueo agravadas por actuar en banda, en la causa donde se investigaron las operaciones de Hotesur SA, empresa dueña del hotel Alto Calafate. Además, se les trabó embargos por 800 millones de pesos que recaen sobre cada uno de los imputados.

Allí plantearon: "Los planes criminales llevados adelante por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados" con los ex Presidentes y con funcionarios".

Hubo una segunda etapa, según el dictamen, donde "los empresarios junto con los ex mandatarios y otros miembros de la organización, elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades", algo que se investigó en Los Sauces SA (otra causa por lavado).

La hipótesis que investigaron los fiscales Pollicita y Mahiques es que los ex presidentes y sus hijos recibieron dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito.

Estas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años.

Según el fiscal Pollicita, las supuestas maniobras comenzaron por la necesidad de Néstor y Cristina Kirchner de contar con dinero líquido “en blanco” para poder “justificar la compra de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas”.

 

Fuente:  Clarin.com