El ministro del Interior, Diego Santilli, inició una ronda de encuentros con gobernadores de distintas fuerzas políticas con el objetivo de reunir los apoyos necesarios para avanzar con la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Si bien en la Casa Rosada reina el optimismo respecto del futuro parlamentario del proyecto, las conversaciones con las provincias dejaron al descubierto una extensa lista de reclamos que los mandatarios buscan instalar como moneda de negociación.
La principal inquietud gira en torno al impacto fiscal de la iniciativa, especialmente por las modificaciones previstas en el impuesto a las Ganancias y su efecto directo sobre la coparticipación federal. El proyecto contempla una reducción de las alícuotas para las sociedades, lo que encendió alertas en los distritos, que reclaman un esquema de compensación para evitar una merma en los recursos que reciben.
Chubut, Chaco, Mendoza y San Juan fueron las primeras escalas del itinerario de Santilli, que continuará en los próximos días con visitas a Salta, Entre Ríos y Neuquén. En cada encuentro, el funcionario cosechó gestos de respaldo, pero también escuchó planteos vinculados al financiamiento de cajas previsionales, la reactivación de obras públicas y la situación de las rutas nacionales.
Uno de los reclamos más reiterados volvió a ser la coparticipación del impuesto a los combustibles. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, insistió con la necesidad de distribuir parte de ese tributo entre las provincias para financiar infraestructura. Además, adelantó que buscará avanzar con Nación en un acuerdo para saldar la deuda que el ANSES mantiene con la caja previsional neuquina, recursos que planea destinar a obra pública.
Pedidos similares surgieron desde Chubut, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa, donde ya se alcanzaron entendimientos parciales con el Gobierno nacional por deudas previsionales. Santa Fe, en cambio, mantiene una negociación abierta por una deuda millonaria, sin avances concretos hasta el momento.
En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo ratificó su alineamiento con el oficialismo y respaldó la reforma laboral, a la que consideró clave para incentivar el empleo formal. Sin embargo, también planteó la necesidad de avanzar con obras de infraestructura estratégica, como rutas y puentes, pedidos ante los cuales Santilli prometió avanzar con licitaciones en los próximos meses.
Desde el norte del país, las advertencias también comenzaron a encender luces de alerta. En Tucumán, funcionarios provinciales expresaron su preocupación por la caída de la actividad económica y el consecuente impacto en la recaudación del IVA y la coparticipación. Además, manifestaron inquietud por los cambios en Ganancias incluidos en la reforma laboral.
En Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés pidió cautela y anticipó que su bloque legislativo analizará en detalle el proyecto para evaluar su impacto sobre los derechos laborales y las finanzas provinciales. El mandatario forma parte del espacio Provincias Unidas, un bloque clave para inclinar la balanza en el Congreso.
Pese a haber fortalecido su representación legislativa tras las elecciones de 2025, La Libertad Avanza aún depende del respaldo de los gobernadores para aprobar la reforma. En ese escenario, Santilli avanza con una estrategia de diálogo intenso, consciente de que muchos de los votos decisivos tienen anclaje en las demandas territoriales que hoy dominan la negociación.
