El Gobierno nacional define modificaciones en el proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso, en particular en el apartado referido a las licencias médicas, con el objetivo de lograr su aprobación antes del inicio del período de sesiones ordinarias el 1 de marzo. En paralelo, crece el conflicto con la Confederación General del Trabajo (CGT), que convocó a un paro general de 24 horas en rechazo a la iniciativa.
La reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca introducir cambios integrales en el sistema laboral vigente. Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos es el artículo que regula las licencias por enfermedades o lesiones no vinculadas al trabajo, que generó resistencias en distintos sectores políticos y sindicales.
Desde el oficialismo admitieron que el texto será modificado durante su tratamiento en la Cámara de Diputados. Entre las alternativas que analiza el Ejecutivo se encuentra excluir de eventuales recortes salariales a las enfermedades consideradas graves o degenerativas, siempre que estén debidamente comprobadas.
El cronograma legislativo es ajustado. La estrategia del Gobierno es obtener dictamen en comisiones esta semana, avanzar con la votación en Diputados y enviar el proyecto nuevamente al Senado para su sanción definitiva hacia fines de febrero.
En el plano sindical, la CGT ratificó la convocatoria a un paro general durante el tratamiento parlamentario de la reforma. La medida de fuerza podría tener un impacto significativo en la actividad económica, especialmente si se suman los gremios del transporte. En la Casa Rosada siguen de cerca la postura de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), cuya adhesión o no al paro será clave para el alcance de la protesta.
La discusión también se trasladó al ámbito político del oficialismo. Esta semana se prevé una reunión de la Mesa Política en Casa Rosada para definir la estrategia legislativa final y los cambios que se introducirán al proyecto, en un contexto de negociaciones contrarreloj para convertir la reforma en ley.
