El Gobierno nacional afronta una semana clave en el camino hacia la aprobación de la reforma laboral, con apenas siete días por delante para continuar las negociaciones informales con la oposición antes del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso. El proyecto, impulsado por La Libertad Avanza y elaborado a partir de los lineamientos del Consejo de Mayo, ya cosechó algunos respaldos, aunque también acumula cuestionamientos de sectores políticos, gremiales y provinciales.
La iniciativa había sido presentada originalmente para su tratamiento a fines del año pasado, pero la presión de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la estrategia parlamentaria del oficialismo derivaron en la postergación del debate. En ese contexto, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, resolvió suspender su votación y priorizar la sanción del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, aunque logró que la reforma laboral obtuviera dictamen para agilizar su tratamiento en febrero.
Con ese antecedente, el Gobierno ahora busca reunir el número necesario de votos en la Cámara alta para avanzar con la aprobación durante la segunda semana del próximo mes. Para eso, durante el receso legislativo se conformó una comisión técnica encabezada por la abogada Josefina Tajes, que mantuvo encuentros con representantes de distintos sectores para recibir observaciones y propuestas. Según fuentes parlamentarias, se registraron alrededor de dos mil pedidos de audiencia.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó una agenda de reuniones con gobernadores, logrando el respaldo de algunos mandatarios, aunque también quedaron expuestas diferencias. Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, manifestaron públicamente su preocupación por el impacto fiscal de la reforma, en especial por el artículo que propone una reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades.
La iniciativa plantea modificar las alícuotas coparticipables de los tramos 2 y 3, lo que implicaría una merma en los ingresos provinciales. Ante este escenario, varias provincias reclaman cambios en ese punto o algún mecanismo de compensación. También existen reparos sobre otros beneficios tributarios incluidos en el proyecto, como la devolución acelerada del IVA para fomentar la formalización del empleo.
Este lunes, la mesa política del Gobierno volverá a reunirse en Casa Rosada para evaluar el escenario y definir la estrategia legislativa. Participarán, además de Bullrich y Santilli, Karina Milei, Manuel Adorni, Martín Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo. Mientras tanto, los gremios ya anticipan posibles medidas de fuerza y ratifican su rechazo a varios artículos del proyecto, lo que anticipa una semana de fuerte tensión política y social en la recta final hacia el debate parlamentario.
