El gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha su maquinaria política con un objetivo claro: lograr la sanción de la reforma laboral antes de que termine febrero. Tras el receso de la primera semana del año, el oficialismo se prepara para un viernes de definiciones donde la mesa política terminará de delinear la estrategia legislativa, mientras una comisión técnica en el Senado analiza de cerca las observaciones planteadas tanto por la CGT como por las cámaras empresarias.
En este escenario, el rol de los gobernadores se ha vuelto determinante. El ministro del Interior, Diego Santilli, ya inició una gira federal que comenzó en Chubut y que continuará por Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco, buscando asegurar los votos necesarios. En sintonía, Patricia Bullrich y Martín Menem trabajan para aceitar los consensos en ambas cámaras, bajo la premisa de que el dictamen aprobado a fines del año pasado es una pieza flexible que admite modificaciones en pos de alcanzar las mayorías requeridas.
En el Senado, el oficialismo parte de una base de 21 votos y necesita captar 16 voluntades adicionales para obtener el quórum. La estrategia se centra en seducir a un grupo de diez senadores radicales vinculados a mandatarios provinciales y a otra decena de legisladores que responden directamente a sus gobernadores. Casos como los de Misiones y Salta asoman como aliados factibles, dadas las recientes señales de sintonía en votaciones clave como el Presupuesto 2026. Por otro lado, provincias como Catamarca y Tucumán también podrían aportar apoyos cruciales a través de sus representantes del peronismo disidente.
Sin embargo, el camino hacia la aprobación no está exento de obstáculos económicos. La principal resistencia de los mandatarios provinciales, incluso de aquellos que se muestran aliados, reside en el impacto fiscal de la reforma. Según estimaciones técnicas, las provincias podrían dejar de percibir más de un billón de pesos debido a las reducciones de alícuotas en el impuesto a las Ganancias para empresas y la eliminación de diversos tributos a servicios y bienes suntuarios.
Esta disputa por los recursos coparticipables convierte al capítulo tributario en la verdadera moneda de cambio de la negociación. Mientras la UCR analiza posibles cambios enfocados en la eliminación de contribuciones sindicales y fondos de cese laboral, la Casa Rosada sabe que la suerte de la reforma laboral dependerá, en última instancia, de su capacidad para equilibrar las exigencias de alivio fiscal de los gobernadores con la urgencia legislativa del oficialismo.
