El proyecto de reforma laboral enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso abrió un nuevo foco de debate en torno al costo fiscal del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo propuesto para reemplazar el actual esquema de indemnizaciones por despido. Según estimaciones privadas, la reasignación del 3% de los aportes patronales hacia este fondo podría implicar una pérdida de ingresos para el Estado de entre u$s 2.000 millones y u$s 2.500 millones anuales.
De acuerdo con un informe de la consultora Empiria, el redireccionamiento de esos aportes —que dejarían de ingresar al sistema previsional— representaría un costo cercano a los $330.000 millones mensuales, equivalentes a alrededor del 0,5% del PBI anual. En términos fiscales, el impacto oscila entre el 0,30 y el 0,38% del producto, una magnitud comparable a entre una cuarta y una quinta parte del superávit primario proyectado para 2026.
El proyecto establece que el FAL se financiará con el 3% del aporte obligatorio de los empleadores, al tiempo que se reducirá en igual proporción el nivel de las contribuciones patronales. Si bien el esquema no implica costos adicionales directos ni para trabajadores ni para empresas, los analistas advierten que sí genera un desfinanciamiento para el sistema de seguridad social.
Este punto habría generado reparos dentro del propio Gobierno, donde algunos funcionarios plantearon la necesidad de evaluar alternativas para evitar el impacto sobre la ANSES. Sin embargo, según trascendió, terminó imponiéndose la postura del ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostiene que el nuevo esquema contribuiría al desarrollo del mercado de capitales y que la pérdida de recursos sería compensada por un eventual aumento del empleo formal.
En cuanto a la implementación, las autoridades prevén avanzar en la reglamentación del FAL en los próximos días. El proyecto contempla que los fondos se constituyan a nombre de las empresas y se administren a través de instrumentos financieros creados específicamente para cubrir las indemnizaciones, bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores.
El informe de Empiria contextualiza el debate en la evolución del mercado laboral argentino, que —según sus datos— no genera empleo privado formal de manera sostenida desde 2011. Actualmente, el mercado de trabajo está compuesto por unos 21 millones de personas, de las cuales solo el 29% corresponde a asalariados privados registrados. En contraste, el empleo informal y el trabajo por cuenta propia muestran un crecimiento significativo en la última década.
En ese marco, la iniciativa también busca reducir la litigiosidad laboral. El proyecto propone fijar un tope para la actualización de los juicios —inflación más tres puntos anuales— y limitar la capitalización de intereses, con el objetivo de reducir la incertidumbre sobre los costos asociados a despidos. Según datos privados, existen más de 300 mil juicios laborales sin resolver, con una creciente participación de pequeñas y medianas empresas.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) expresaron objeciones al Fondo de Asistencia Laboral. La central sindical cuestiona que el esquema introduce nuevas obligaciones para los empleadores y afecta el financiamiento del sistema previsional. Además, advierte que los fondos serán inembargables y que el empleador no estará obligado a utilizarlos al momento de una desvinculación, lo que —según el gremialismo— no garantiza el cobro efectivo de las indemnizaciones.
Otro punto señalado es que el FAL solo alcanzará a trabajadores registrados con más de doce meses de antigüedad y comenzará a responder por despidos recién luego de seis aportes mensuales, dejando fuera a empleados con menor antigüedad y a trabajadores informales.
Mientras el debate legislativo continúa, el impacto fiscal del nuevo esquema se consolida como uno de los ejes centrales de la discusión sobre la reforma laboral y su viabilidad económica a mediano plazo.
