La apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires contra el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis ya tiene magistrado asignado. El camarista Ignacio Mahiques será quien revise la resolución que declaró inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.
El expediente llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas luego de que los fiscales Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra cuestionaran el sobreseimiento dispuesto por De Marinis el pasado 21 de septiembre.
Qué deberá resolver la Cámara
Mahiques deberá analizar los argumentos de la Fiscalía y determinar si corresponde confirmar el sobreseimiento o revocar la decisión de primera instancia.
El planteo fiscal sostiene que la edad mínima de punibilidad establecida por la nueva legislación constituye una regla general y que las circunstancias particulares del adolescente deben ser consideradas al momento de determinar las medidas correspondientes, pero no para excluir automáticamente la aplicación del régimen.
Además, los fiscales solicitaron el apartamiento de De Marinis del expediente y que se realice un nuevo sorteo para definir qué juez continuará con la investigación en caso de que la Cámara haga lugar a ese pedido.
El fallo que generó la controversia
El caso se inició por un intento de robo ocurrido el 10 de septiembre en el barrio porteño de Palermo. Un hombre de 47 años denunció que un grupo de adolescentes intentó sustraerle sus pertenencias. La intervención policial permitió detener a varios de los jóvenes. Uno de ellos, identificado por sus iniciales M.I.A., tenía 14 años.
La jueza De Marinis declaró inconstitucional para ese expediente el artículo 1° de la Ley 27.801, que establece la responsabilidad penal juvenil a partir de los 14 años, y dispuso el sobreseimiento del adolescente.
La magistrada consideró, entre otros aspectos, las condiciones personales y familiares del menor, su situación de vulnerabilidad y las características del hecho investigado. También ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad para establecer medidas de acompañamiento familiar, educativo y social.
El fallo no suspendió ni anuló la vigencia general de la Ley 27.801, sino que declaró su inconstitucionalidad exclusivamente para ese caso.
La denuncia contra De Marinis
En paralelo a la apelación judicial, la magistrada enfrenta una presentación ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, denunció a De Marinis y pidió que se investigue su actuación a partir del contenido de la sentencia.
Mientras ese trámite seguirá su propio curso institucional, la Cámara deberá resolver específicamente la apelación presentada por la Fiscalía. De esta manera, el expediente tendrá dos vías de análisis diferentes: una vinculada con la actuación de la jueza y otra centrada en la validez de su decisión respecto del adolescente.
