A la ciudad de Santo Tomé decididamente le llegó la masividad en el uso por parte de sus habitantes de las aplicaciones de viajes. Eso quedó demostrado este martes por la mañana cuando una importante grupo de remiseros y permisionarios del servicio se acercaron con sus unidades al Concejo Municipal, mientras los ediles se disponían a llevar adelante su primera sesión ordinaria del año.
Santo Tomé, desde hace varios años, prohibió el transporte público de pasajeros mediante las llamadas aplicaciones de viajes. Pero el paso del tiempo y particularmente la masividad en el uso de las mismas por parte de los usuarios hizo que en los últimos meses se genere una competencia desleal con los prestadores del servicios de remises. Los choferes y propietarios de empresas, aducen que para estar habilitados, el municipio les exige habilitaciones anuales que llegan a costar unos $300.000 sumado al gasto en los tributos básicos como DREI e Ingresos Brutos. Esos impuestos no son abonados por quienes manejan un automóvil inscripto en Uber, Didi o Maxim, entre otras.
Ofuscados, los remiseros tomaron el hall del Concejo local y pidieron una respuesta urgente, recibiendo como respuesta una nueva reunión para la mañana de este miércoles.
