La renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ingresó en una etapa decisiva. Luego de la audiencia pública y las entrevistas a los postulantes impulsados por el Poder Ejecutivo —realizadas este miércoles en la Legislatura— el proceso quedó a un paso de su definición formal.
Este jueves, desde las 13, la Asamblea Legislativa votará los pliegos de Aldo Alurralde, Jorgelina Genghini y Diego Maciel, enviados a fines del año pasado. Si reciben el aval parlamentario, el máximo tribunal avanzará hacia una reconfiguración institucional de alcance histórico.
La decisión no solo impactará en la integración futura del cuerpo, sino que se enmarca en el objetivo político del gobernador Maximiliano Pullaro de concluir su mandato con una renovación casi total del órgano judicial. Desde el inicio de la actual gestión se registraron las renuncias de Mario Netri (2024), María Angélica Gastaldi (2025) y Eduardo Spuler (2026), mientras que Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez anunciaron sus retiros, todos tras superar el límite etario constitucional.
De aprobarse los pliegos en tratamiento, hacia 2027 la Corte quedaría integrada por seis ministros propuestos durante esta administración, con la excepción de Daniel Erbetta, único integrante que no fue alcanzado por el proceso de renovación al no haber superado aún el límite de permanencia en el cargo.
Intensa actividad legislativa
La votación de los pliegos se dará en el marco del inicio del período de sesiones ordinarias, inaugurado el 15 de febrero por el propio Pullaro. Este jueves, además, ambas Cámaras comenzarán a tratar una amplia agenda de proyectos.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo buscará otorgar media sanción a la reforma del Código Procesal Laboral, una iniciativa que apunta a reducir el nivel de litigiosidad en la provincia. Según datos oficiales, mientras la media nacional es de 62 juicios cada 10.000 trabajadores, Santa Fe registra 148, superando incluso a Córdoba (68), pese a tener un perfil productivo similar.
La propuesta se apoya en cuatro ejes centrales: la creación de un cuerpo especializado de peritos judiciales dependientes del Poder Judicial; un nuevo régimen de honorarios con un estándar fijo de 5 JUS para evitar que estén atados al monto del juicio; la reducción del plazo para recurrir decisiones de comisiones médicas, que pasaría de dos años a 45 días hábiles; y la limitación del debate judicial exclusivamente a las cuestiones planteadas en la etapa administrativa.
También figura con preferencia el mensaje del Ejecutivo que propone crear el Ente Administrador de Proyectos de Impacto Urbano de Rosario. En paralelo, se encuentra en agenda un proyecto de la diputada Lucila De Ponti (PJ) para conformar un sistema de indicadores del mercado de trabajo no formal en la provincia.
Así, la jornada legislativa combina una definición institucional clave para el Poder Judicial con debates económicos y laborales que marcarán el pulso político del inicio de 2026 en Santa Fe.
