El mandatario realizó esas declaraciones durante una jornada sobre “Crimen organizado y flujos financieros ilícitos: desafíos y estrategias para su desarticulación”, desarrollada este miércoles en Rosario. Allí sostuvo que uno de los desafíos de la política de seguridad es profundizar las investigaciones sobre los circuitos económicos de las bandas y los profesionales que participan de esas maniobras.
El planteo de Pullaro
“El desafío que tenemos hoy es ir por los abogados y los contadores que son parte de estas organizaciones criminales”, afirmó Pullaro durante su exposición.
El gobernador aclaró que su planteo apunta a aquellos profesionales que, según describió, no se limitan al ejercicio de su profesión sino que participan de la estructura criminal. Entre los ejemplos mencionó abogados que transmiten mensajes entre integrantes de una organización y contadores involucrados en maniobras de lavado de activos.
La estrategia, explicó, pretende avanzar sobre el patrimonio y los circuitos financieros que sostienen a las bandas criminales. En ese marco, destacó el trabajo de la Aprad y del Comité de Bloqueo Económico provincial.
El repudio a las declaraciones
Tras las expresiones del mandatario provincial, se difundió un comunicado de repudio en el que se cuestionó la referencia realizada hacia abogados y contadores.
“Repudiamos las declaraciones del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien al referirse a la lucha contra el crimen organizado sostuvo que el desafío es ‘ir por los abogados y los contadores de las organizaciones criminales’”, señala el pronunciamiento.
El cuestionamiento pone el foco en el alcance de las palabras utilizadas por el gobernador y abre una discusión sobre la necesidad de diferenciar el ejercicio legítimo de las profesiones de aquellas conductas individuales que eventualmente puedan constituir delitos o formar parte de una organización criminal.
Las declaraciones de Pullaro se produjeron en el marco de la estrategia provincial para profundizar la persecución económica de las organizaciones delictivas, mientras que el comunicado reclama una diferenciación precisa entre quienes ejercen legítimamente la abogacía o las ciencias económicas y aquellos profesionales que pudieran tener participación concreta en actividades ilícitas.
