El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, puso el foco en los límites institucionales que enfrenta una eventual reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y advirtió que su aplicación podría demorarse durante años si es cuestionada judicialmente. Así lo expresó en una extensa entrevista con el periodista Jorge Fontevecchia, en la que abordó los principales ejes de la agenda institucional, política y judicial del país.
Rosatti explicó que el sistema argentino de control de constitucionalidad es de carácter difuso, lo que habilita a cualquier juez del país —incluidos los del fuero laboral— a declarar la inconstitucionalidad de una ley. “Eso es inevitable en nuestro sistema”, afirmó, al señalar que una reforma laboral aprobada por el Congreso podría ser suspendida en instancias inferiores y recién encontrar una definición final en la Corte Suprema, un proceso que puede extenderse durante uno o dos años.
En ese sentido, recordó que ya existen antecedentes recientes, como parte del régimen laboral incluido en la ley Bases, cuya aplicación quedó paralizada tras decisiones judiciales y aún no fue resuelta por el máximo tribunal. “La Corte es el último vértice del control, pero el camino hasta llegar allí es largo”, sostuvo.
El titular del máximo tribunal también se refirió al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que incluyó profundas modificaciones laborales. Indicó que la Corte optó por esperar el pronunciamiento del Congreso antes de intervenir, en línea con una postura de prudencia institucional. “Nos interesa que actúe el Parlamento, porque allí está la representación del pueblo”, remarcó.
Más allá del eje laboral, Rosatti defendió la independencia judicial y reiteró que su actuación se rige exclusivamente por la Constitución y las leyes. Aseguró que su vínculo con los presidentes con los que convivió en el cargo fue “prácticamente nulo” y negó haber recibido presiones políticas, incluso en causas de alto impacto institucional.
En otro tramo de la entrevista, advirtió sobre las consecuencias del espionaje ilegal y afirmó ser “el funcionario público más espiado y vigilado de la República Argentina”, aunque aclaró que esas prácticas no condicionan su desempeño como juez.
Finalmente, Rosatti subrayó que las reformas estructurales —como la laboral— requieren consensos políticos amplios para evitar que queden atrapadas en un laberinto judicial. “Cuando el Parlamento no resuelve, la Justicia termina interviniendo, pero no puede reemplazar a la política”, concluyó.
