A través de un comunicado de prensa, la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) informó al ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, y a las autoridades de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) que, sin una debida actualización de los aranceles de las prestaciones por parte de los financiadores, el sector prestador no podrá afrontar la discusión paritaria correspondiente al 2021.
“Para poder garantizar un incremento salarial de los trabajadores de la salud, la FAPS reclama a los financiadores públicos y privados (obras sociales, empresas de medicina prepaga, PAMI) que se actualicen los aranceles de las prestaciones atrasados correspondientes al 2020 y lo acumulado al primer semestre de 2021, tanto como la continuidad de las medidas de ayuda para el sector implementadas por el Gobierno nacional hasta tanto dure la pandemia”, señalaron.
Con una inflación anual superior al 35% y una crisis sin precedentes, agravada en contexto de pandemia, la FAPS denunció “los aumentos de los costos laborales y de insumos relacionados con la pandemia, como así también en una caída general del 30% en la cantidad de pacientes atendidos mensualmente en prácticas ambulatorias o en patologías no COVID, como consecuencia natural de las restricciones implementadas y de los protocolos exigidos por las autoridades sanitarias”.
En ese contexto es que la entidad solicita se actualicen los aranceles, entendiendo además que “es una realidad innegable que debemos actualizar los ingresos de los trabajadores de la salud”.
“Pero también es innegable que, si firmamos una paritaria en estas condiciones, al día siguiente ninguna empresa podrá cumplirla porque ya muchos ni siquiera pueden cubrir los costos”, detallaron.
Desde la Federación de Prestadores explicaron también que es particularmente crítico el gasto en medicamentos por COVID-19, tanto así que “llegó a revertir la estructura de costos de un sanatorio: lo que era 74% costo laboral y 26% costo no laboral, ahora es 52% costo laboral y 48% costo no laboral, actualizando anualmente los salarios acorde con la inflación”.
Desde FAPS detallaron que, por ejemplo, “un día de terapia intensiva de un paciente COVID respirado tiene un costo de alrededor de 100 mil pesos diarios para una clínica mientras que, en promedio, los financiadores -con todos los módulos COVID incluidos- abonan un arancel que no supera los 55 mil pesos. Esta diferencia puede agravarse dependiendo el financiador, pero está claro que, con estos números, ninguna clínica puede subsistir mucho más tiempo”.
En relación con otras prestaciones, la atención de una emergencia médica con riesgo de vida en una ambulancia tiene un costo actual de 15 mil pesos, mientras que los financiadores abonan un promedio de 8 mil pesos. Por su parte, un residente geriátrico tiene un costo mínimo mensual a abril 2021 de $66 mil pesos mensuales, pero las residencias geriátricas reciben $49500 por parte del PAMI.
la Federación Argentina de Prestadores de Salud está conformada por ADECRA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina), CEDIM (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio); CEPSAL (Cámara de Entidades Prestadoras de Salud); CONFECLISA (Confederación Argentina de clínicas Sanatorios y Hospitales), CADIME (Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico), AAEG (Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos) AISAME (Asociación de Instituciones de Salud Mental de la República Argentina) FEM (Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria), AHC (Asociación de Hospitales de Colectividad).
Fuente: Noticias Argentinas
