El Gobierno de la provincia de Santa Fe avanzó con una serie de intimaciones a familias de estudiantes señalados como autores de amenazas en establecimientos educativos, con el objetivo de recuperar los costos generados por los operativos de seguridad desplegados en cada caso.
Según se informó, entre el viernes y el sábado se entregaron 11 notificaciones en distintos puntos del territorio provincial —incluidos los departamentos La Capital, San Lorenzo, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín— por un monto total superior a los 36 millones de pesos.
Las intimaciones están dirigidas a los adultos responsables de los menores involucrados y detallan el monto a abonar, calculado en función de los recursos utilizados en cada procedimiento, como móviles policiales, combustible, personal y brigadas especializadas.
Reclamos y plazos
De acuerdo a lo establecido, las familias cuentan con un plazo de cinco días para realizar el pago. En caso de no hacerlo, las actuaciones son derivadas a la Fiscalía de Estado, que puede avanzar por la vía civil para exigir el cobro de la deuda.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que se trata de un reclamo de carácter patrimonial, es decir, una instancia de resarcimiento económico por los gastos ocasionados al Estado, independiente de cualquier proceso penal que pudiera corresponder.
Costos de los operativos
Los montos reclamados varían según la magnitud de cada intervención, ya que incluyen el despliegue de fuerzas policiales y unidades específicas, como equipos antiexplosivos. En algunos casos, las cifras superan ampliamente los cinco millones de pesos por operativo.
Las autoridades indicaron que las intimaciones se emiten una vez que se logra identificar a los presuntos responsables de las amenazas, ya sean menores o mayores de edad, en el marco de investigaciones en curso.
Este tipo de episodios, que obligan a evacuar escuelas y activar protocolos de seguridad, han generado preocupación en distintas localidades de la provincia por el impacto que tienen en la comunidad educativa y en el funcionamiento de los servicios públicos.
