El dictamen impulsado por el oficialismo en la Cámara de Diputados modificó de manera sustancial la iniciativa que había recibido media sanción en el Senado, al punto que varios legisladores reconocen que se trata prácticamente de un nuevo proyecto.
La nueva redacción incorpora figuras específicas al Código de Convivencia para sancionar a quienes exijan o reclamen de manera intimidatoria dinero por estacionar vehículos, cuidarlos, lavarlos o limpiarlos en la vía pública, siempre que no cuenten con autorización y la actividad esté prohibida por la normativa local.
Entre las principales novedades aparece la prohibición de concurrencia a determinados lugares por hasta 60 días para los infractores. La sanción podrá extenderse hasta 120 días cuando la actividad se realice en zonas de estacionamiento medido, en las inmediaciones de espectáculos masivos o cuando exista un aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad de las víctimas.
Además, el dictamen incorpora una figura que no estaba contemplada en la versión original: la de los organizadores o coordinadores de estas actividades. Para ellos se prevén penas de arresto de hasta diez días y prohibiciones de concurrencia por hasta 240 días.
Otro cambio relevante es que los municipios pasarán a tener un rol protagónico en la persecución de estas contravenciones. Serán los encargados de promover las acciones correspondientes y podrán solicitar la intervención policial para desplazar a quienes desarrollen estas actividades en el espacio público.
Pero la propuesta oficialista no se limita al aspecto sancionatorio. También incluye un capítulo de abordaje integral que obliga al Poder Ejecutivo a desarrollar programas de capacitación laboral, formación en oficios, intermediación para el empleo, asistencia en salud mental y tratamiento de consumos problemáticos para las personas alcanzadas por la norma.
Como complemento, el proyecto prevé la creación de dos nuevos cargos de jueces de primera instancia, uno con asiento en la ciudad de Santa Fe y otro en Rosario, para atender la aplicación del nuevo régimen.
Con estos cambios, el texto que avanza en Diputados se diferencia claramente del aprobado por el Senado y abre una nueva discusión sobre cuál será finalmente el alcance de la futura ley para regular y sancionar la actividad de los denominados trapitos y cuidacoches en la provincia.
