El Colegio Profesional de Trabajadoras/es Sociales de Santa Fe – 1.ª Circunscripción emitió este viernes un comunicado en el que manifestó su “profunda preocupación” por los hechos vinculados al incendio y las posteriores inspecciones realizadas en una residencia para adultos mayores que funcionaba sin habilitación en la ciudad de Santa Fe.
Desde la entidad consideraron que lo ocurrido no representa un episodio aislado, sino que refleja falencias estructurales en las políticas públicas destinadas a garantizar el cuidado y la protección integral de las personas mayores. En ese sentido, advirtieron que la falta de dispositivos públicos accesibles y adecuados favorece la aparición de circuitos informales de cuidado que operan sin los controles necesarios, exponiendo a los adultos mayores a situaciones de vulnerabilidad y vulneración de derechos.
Asimismo, el Colegio rechazó cualquier intento de trasladar responsabilidades a los profesionales que intervienen en estos contextos y cuestionó las descalificaciones dirigidas hacia trabajadores sociales a raíz del caso. “Las intervenciones requieren articulaciones intersectoriales y condiciones institucionales que permitan un ejercicio profesional ético y responsable”, señalaron en el documento.
La entidad también alertó sobre la existencia de personas que desempeñan funciones propias del Trabajo Social sin contar con la formación académica ni la matrícula profesional correspondiente. Según remarcaron, esta situación pone en riesgo la calidad de las intervenciones en escenarios de alta complejidad social y afecta la garantía de derechos de las personas involucradas.
En el comunicado, el Colegio instó al Estado a asumir su responsabilidad en la regulación y jerarquización del ejercicio profesional, además de fortalecer las políticas públicas de cuidado mediante mayores recursos, infraestructura y dispositivos específicos para atender a las personas mayores y otros sectores vulnerables.
Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y del Trabajo Social como una herramienta fundamental para la garantía y restitución de derechos. También reclamó que se protejan las condiciones necesarias para que los profesionales puedan desempeñar su labor de manera ética, responsable y con el respaldo institucional adecuado.
