Desde que comenzó la crisis sanitaria por el coronavirus, más de 56.000 venezolanos que habían emigrado a Colombia decidieron retornar a su país de origen, golpeados por la falta de empleo y la imposibilidad de sufragar sus gastos.
Otros 15.000, una cifra en la que coinciden el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el director de Migración colombiano, Juan Francisco Espinosa, están esperando en los pueblos fronterizos —durmiendo en el piso, sin dinero y soportando las arbitrariedades del clima— para volver a sus hogares, tras largas travesías a pie, en mula, camiones y autobuses.
En Bogotá, el panorama es similar. Desde el 26 de mayo, casi 500 venezolanos, entre ellos 115 niños, quince adultos mayores y quince embarazadas, construyeron 40 carpas de plástico y palos para permanecer cerca del llamado 'Terminal Satélite Norte', hasta que las autoridades colombianas activen autobuses que les permitan acercarse a Venezuela.
Beatriz Terán, quien asumió el liderazgo de esta especie de "campamento", destacó que la mayoría los venezolanos que ahora se alojan allí perdieron su empleo con la llegada de la pandemia. Debido a la falta de recursos económicos, fueron desalojados de sus viviendas y con el poco dinero ahorrado, solo pudieron viajar hasta ese punto.
La situación allí es difícil. En entrevista con El Espectador, Terán contó que en varias ocasiones han querido robarlos, y un hombre, ajeno al grupo, fue atrapado mientras intentaba violar a una adolescente.
No obstante, el retorno desde Colombia también tiene otro costado complejo. El creciente flujo de connacionales que regresan a su país ha disparado la tasa de contagios de coronavirus en Venezuela, por lo que el Gobierno del Nicolás Maduro implementó un toque de queda, con el que solo se permite el ingreso por la frontera terrestre desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.
Aunque ese control se establece en las casetas de paso regular, muchos venezolanos optan por acudir a las mafias fronterizas que cobran unos 100 dólares para permitirles el ingreso a través de caminos ilegales, mal llamados "trochas".
La política del Gobierno de Maduro ha sido ralentizar el flujo de gente que ingresa al país para garantizarles la atención, sin rebasar la capacidad del personal venezolano ubicado en los denominados 'Pasos de Atención Social Integral' (PASI), donde se les practica la prueba de diagnóstico de covid-19, entre otras evaluaciones médicas.
Por esta misma razón, Colombia decidió disminuir el traslado de migrantes en autobuses hacia la frontera, con el objetivo de evitar la aglomeración en las poblaciones limítrofes. No obstante, los venezolanos continúan llegando.
Fuente: El Espectador
