Vecinos de barrio Las Flores y Piquete se comunicaron con VEO Noticias para visibilizar una problemática que, según aseguran, llevan más de cinco meses reclamando sin obtener respuestas.
El conflicto comenzó luego de que la empresa ALCO adquiriera y demoliera dos viviendas linderas para ampliar su depósito. Desde entonces, el terreno permanece abierto y, de acuerdo con los vecinos, se transformó en un lugar donde se arroja basura y donde durante la noche se instalaron alrededor de nueve personas.
Yasmín, una de las vecinas que impulsó el reclamo, explicó que la situación genera preocupación por los disturbios y por el aumento de hechos de inseguridad. Según relató, en distintas viviendas de la zona fueron robados lavarropas, secarropas, bicicletas y otros elementos.
Los vecinos también cuestionan las condiciones de infraestructura del sector. Aseguran que no cuentan con iluminación adecuada, cordón cuneta ni un mejorado de las calles, que se inundan cuando llueve y dificultan incluso el ingreso de ambulancias y del camión recolector.
El pedido principal está dirigido tanto a la empresa como al municipio: solicitan que el terreno sea cerrado con chapones de obra para impedir el ingreso y evitar que continúe utilizándose como basural o lugar de permanencia.
La vecina señaló que presentaron una nota dirigida al intendente Pablo Poletti el pasado 16 de julio y que el reclamo ya cuenta con número de expediente, aunque hasta el momento aseguran que no recibieron una respuesta concreta de las autoridades.
Además, plantearon otro reclamo relacionado con la identificación de la calle. Según explicaron, el lugar históricamente fue denominado Pasaje Mariano Boedo y, pese a que los vecinos cuentan con escrituras y documentación con ese nombre, actualmente aparece identificado con otra denominación.
Ante la falta de respuestas, los vecinos anticiparon que evalúan realizar una protesta frente a la empresa. En la entrevista incluso mencionaron la posibilidad de quemar neumáticos e impedir el ingreso de camiones, como medida para visibilizar el reclamo.
El pedido central, remarcan, es que se cierre el terreno y que el Estado intervenga para mejorar las condiciones de seguridad, iluminación y transitabilidad de un sector que, según describen, quedó prácticamente aislado y en condiciones de abandono.
